Redujeron la pena de Tolosa en dos oportunidades

Durante el gobierno de Julio Miranda, Alberto Tolosa fue beneficiado dos veces (en años sucesivos) con reducciones de su condena a prisión perpetua, por el crimen de Luis Cisterna.
El primer decreto está fechado el 28 de diciembre de 2001 (a un año y medio del dictado de la condena), y técnicamente se denomina fijación de la pena. El reo pasó de tener prisión perpetua a 25 años de cárcel. La decisión fue firmada por Miranda; por su ministro de Gobierno de entonces, Antonio Guerrero, y por el secretario Eduardo Mattos. Lleva el número 3.548/14.
Al año siguiente, el 30 de diciembre de 2002, y por decreto 2.798/14, Tolosa obtuvo una reducción del 1% de su pena, que pasó a 23 años y medio de cárcel. Esta disposición fue suscripta por Miranda; por el ministro de Gobierno y Justicia de ese momento, Fernando Juri (actual vicegobernador); y por el entonces secretario Jorge García Mena (actual defensor del pueblo).
Los argumentos centrales de ambas normas son, en gran parte, coincidentes. En los dos decretos, se menciona que los beneficios fueron otorgados luego de “un estudio exhaustivo por parte de la Dirección General de Institutos Penales, procurando aportar informes idóneos a los fines del otorgamiento a aquellos penados que, por su comportamiento durante lapsos prudenciales o por circunstancias personales excepcionales, se hacen acreedores a recibirlos”.
“Las medidas tienden a beneficiar a quienes auténticamente se lo merecen, de tal suerte que podrán ahora fundar nuevas esperanzas en una más pronta y positiva reincorporación a la vida comunitaria”, se afirma en los dos escritos, donde también consta que fue consultada la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (siempre se pronunció en contra de las reducciones de penas).
En el decreto de 2002, se puntualiza además que la Conferencia Episcopal Argentina, con motivo del Jubileo, instó a realizar actos de caridad hacia los marginados, entre quienes están los privados de libertad.
“Sin duda, es un signo de fortaleza y de grandeza de espíritu que una sociedad sea capaz no sólo de legislar sobre delitos y sancionarlos con severidad, sino también de ejercer la misericordia con aquellos que han demostrado arrepentimiento por su delito, el dolor de haberlo cometido y los hábitos de un cambio de conducta”, se sostuvo.