La deuda institucional del Congreso

El Senado de la Nación difundió un informe sobre su actividad durante el último período ordinario del Congreso -1° de marzo hasta el 30 de noviembre - donde se consignan 39 sesiones, de las que 24 fueron de tablas, así como la aprobación de 89 proyectos de ley y numerosos de distinta naturaleza, amén de otras actividades. El claro propósito de las autoridades del cuerpo parlamentario fue poner distancia de la reducida actividad de la Cámara de Diputados, cuyas ocho sesiones ordinarias constituyeron el registro más reducido de los representantes del pueblo desde la restauración constitucional. Por cierto que la actividad de los representantes de las provincias no fue excepcional, por más que lo parezca comparativamente con la otra rama parlamentaria; mucho menos si se analiza la calidad de esa gestión y se advierten los proyectos y temas esenciales que fueron eludidos, como las razones que determinaron tan considerable diferencia de actividad entre ambas cámaras. En primer término, debe señalarse que la causa fundamental de la situación en Diputados fue la crisis en el Partido Justicialista, trasladada finalmente al bloque oficialista, y que impidió en la mayoría de las ocasiones que la Cámara Baja tuviera quórum para tratar asuntos no compartidos por el Gobierno.
Un caso ejemplar de lo señalado fue el proyecto sobre acceso a la información pública, aprobado por los Diputados y revisado restrictivamente por el oficialismo del Senado, por lo que volvió a la Cámara Baja, donde se esperaba que hubiera insistencia en la sanción original. La reducida actividad de los representantes del pueblo se extremó con la prolongada campaña electoral y llegó a la parálisis con el fracaso de la última sesión ordinaria, cuando la ausencia del oficialismo impidió que se tratase un número elevado de proyectos, entre los que figuraban algunos sin aval del Poder Ejecutivo. En la Cámara Alta, la mayoría oficialista no tuvo problemas para imponer sus órdenes del día, por lo que el cuerpo pudo presentar un informe cuantitativamente aceptable. Esto último no impidió que el Congreso dejara sin tratamiento alrededor de 200 proyectos, entre los cuales figuraban diversos sobre reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, un tema que desde hace más de una década los oficialismos sucesivos han bloqueado invariablemente. Situación semejante tuvieron todas las iniciativas destinadas a revisar los superpoderes concedidos al Poder Ejecutivo por el Parlamento, y la prolongación de la emergencia económica cuya nueva prórroga solicitó el Gobierno.
El Senado, con mayoría oficialista, omitió sin embargo exigir la concurrencia mensual del jefe del Gabinete de Ministros para informar sobre la actividad del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la exigencia constitucional. Por supuesto, algo semejante ocurrió en Diputados y, como tantos otros deberes institucionales, esas exposiciones y sus eventuales debates tuvieron mínima expresión. Por todo ello, el período extraordinario de sesiones que acaba de comenzar con el relevo parcial de ambas cámaras debería constituir un tiempo para la reflexión de los legisladores, sobre la necesidad ineludible de recuperar para el Congreso el rol constitucional y la dignidad de la representación democrática y federalista. Reflexión sobre las investiduras asumidas y que los diferencian de los cuerpos orgánicos sometidos al verticalismo del mando y a las lealtades no debidas al mandato de las urnas. Quienes acaban de acceder a las bancas parlamentarias deben hacerlo con el proyecto común y superior de trabajar para la recuperación institucional, sin la cual no es posible poner fin a la crisis que ha degradado a nuestro sistema republicano.