Es el hombre que concentra la mayor cantidad de atribuciones de poder. Fernando Juri, hasta el regreso de José Alperovich, es el gobernador de Tucumán, como también, presidente de la Legislatura y del Partido Justicialista. La Junta Electoral Provincial (JEP) lo tiene entre sus miembros. Con esa cuádruple acumulación de funciones deslizó un pronóstico llamativo. "En la elección interna abierta (del domingo) votarán entre 40.000 y 50.000 afiliados", aseveró Juri. A la oposición le sonó a campana de alarma esa estimación de asistencia a las urnas, que contrasta con la visible apatía ciudadana a esta altura de 2005. Sólo es posible alcanzar ese piso de participación con el uso del aparato estatal por legisladores, intendentes y comisionados comunales. El propio Juri lo aceptó abiertamente. La proyección al 18 de febrero de 2006 de la acción de esa maquinaria gubernamental acentuó aún más la alarma de los reticentes a la reforma constitucional. Juri, en verdad, está obligado a no retacear esfuerzos para consolidar el proceso en marcha, porque él será uno de los beneficiados con la supresión de la veda reeleccionista.
Para los dirigentes adversos al alperovichismo, todos esos datos preliminares abonan su desconfianza frente al llamado a comicios de convencionales constituyentes. Sospechan, además, que la Casa de Gobierno regula a su antojo el desarrollo de las fases preelectorales. Sin embargo, no se atisba una posición uniforme. Los intereses son divergentes, aunque se reconozca a Alperovich como el adversario común.
Propósitos encontrados
Los días que vienen resultarán clave para definir el número y la calidad de las organizaciones que competirán en febrero próximo por escaños en la asamblea constituyente. Aún es imprecisa la frontera entre abstencionistas y reformadores, porque no todos los actores muestran sus cartas con claridad.
Hasta se habla de préstamos de votos para que algunos partidos alcancen el mínimo del 10% del padrón de sus afiliados en la elección del domingo y puedan alistar a sus candidatos a convencionales constituyentes para la etapa de febrero. Lo que le pasó al radicalismo en Banda del Río Salí hizo abrir los ojos a más de un experto en trapisondas electorales.
Versiones de ese tipo envenenan el ambiente político y le quitan transparencia al trámite preliminar. El descrédito del sistema de primarias abiertas crece con la proliferación de esas especulaciones.
El oficialismo, aun sin Alperovich, no pierde el tiempo y opera para asegurar que la mayor cantidad de partidos participe en las campañas de este mes y en la de febrero. Quienes discrepan con el proyecto continuista del alperovichismo maniobran para frustrar ese objetivo.
En el medio de esa discusión está el radicalismo, cuyos dirigentes no coincidieron en una política común. La UCR, como en otras partes del país, se astilló. Una franja se agrupó en Participación Cívica, y otra, focalizada en la capital, desafió la determinación partidaria de no ir a las votaciones de diciembre, ni de febrero. Pues bien, la línea concurrencista que lideran los legisladores Juan Robles y Jorge Mendía es objeto de mimos de la Casa de Gobierno, por una parte, y de presiones para que acate las determinaciones de la UCR, por la otra. Robles -pretende ser convencional constituyente por la capital- y Mendía son sensibles a la prédica oficialista. Al alperovichismo le conviene que la sigla del radicalismo no esté ausente de la convención constituyente.
El peso institucional que conserva aún la UCR en el país hace aconsejable que se le intente garantizar un espacio de poder. Por esa misma razón, las tendencias opuestas tratan de neutralizar la interferencia gubernamental en el partido que cierta vez aspiró a gobernar la provincia en décadas pasadas.El Movimiento Popular Tres Banderas (MP-3) está cada vez más cerca del retiro de la carrera electoral. La organización espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva una acción de inconstitucionalidad en contra del régimen de primarias abiertas, aunque hay escepticismo respecto del modo cómo fallarán los jueces cimeros.
Recrear amaga con salir del ring, disgustado con la aceptación de las candidaturas de los intendentes Roberto Martínez Zavalía, Osvaldo Morelli y Domingo Amaya por la Junta Electoral Provincial. Con la llegada de Ricardo López Murphy, anunciada para la penúltima semana del mes, es probable que se oficialice la postura final del partido.
La intención última de los adversarios del Gobierno es acercar aun imperfectamente el escenario venezolano a Tucumán. Hugo Chávez ganó las elecciones legislativas, con una abstención del 75%. Al boicotear las urnas, los detractores del gobernante autoritario le quitaron legitimidad política.
Los enemigos del plan continuista del Gobierno se cuidarán probablemente de usar el vocablo abstención para quitarles fuerza a las probables acusaciones de desestabilización institucional que se les endilgue. La crítica a la falta de garantías electorales sería una de las bases de la movilización antirreformista.
En forma reservada, en algunos ámbitos del peronismo se teme que la consolidación del plan reformista acabe por entregar la estructura partidaria a los políticos confiables del gobernador. Les preocupa, además, que el texto de la nueva Constitución vaya a ser elaborado por constitucionalistas contratados (se cita a Daniel Sabsay o a Gregorio Badeni) y que se termine sancionando sin ninguna discusión. Es decir, a libro cerrado. No obstante, es posible que al Gobierno se le acerquen documentos con proposiciones de cambio en el marco del diálogo institucional que se puso en práctica hace algunos días.
Al Gobierno le inquietan, además, otras cuestiones. La epidemia de meningitis puso de relieve que no tuvo los reflejos suficientes para plantear la cuestión de entrada y comprometer a la sociedad en su resolución. La impericia política del área de salud pública fue evidente. Los problemas estructurales de pobreza y carencia de servicios básicos no pueden atribuirse únicamente al Gobierno, aunque el empecinamiento en mantener abiertas las escuelas haya contribuido a agravar el cuadro. Las fallas de gestión gubernamental pueden complicar a Alperovich.
