Los jóvenes y el delito

En nuestra edición de ayer, dedicamos un considerable espacio a un grave problema que aqueja a muchos barrios de esta ciudad. Nos referimos a la presencia, cada vez más numerosa, de menores de edad cuya conducta es desordenada. Ella se manifiesta no solamente en el consumo de alcohol y de drogas, sino también en una actitud de franco desacato hacia la Policía, toda vez que esta interviene en algún incidente. Se han creado así, verdaderas "zonas rojas", donde el ingreso de los representantes de la ley se hace difícil -muchas veces, inclusive, en medio de pedreas-.
Como lo hacemos constar en la nota, la Patrulla Urbana desarrolla, además de su tarea de prevención y vigilancia, un programa de integración de los uniformados hacia la comunidad, en las áreas de San Cayetano y el Mercofrut. Algo se ha adelantado, pero los policías deben afrontar tanto las agresiones de los menores como la gran dificultad para aproximarse a los padres de estos, y a los adultos de los barrios en general, ya que suponen que vienen a detenerlos.
Todo ello configura un cuadro sobre cuyas inquietantes características resultaría ocioso amontonar adjetivos. No es un secreto para nadie -y las estadísticas lo demuestran en forma concluyente- que resulta cada día mayor la presencia de adolescentes -y de casi niños- en gran cantidad de los delitos que se cometen a diario.
Tampoco lo es el hecho de que existe una alarmante cantidad de menores que no concurren a la escuela, y que dedican su jornada a actividades francamente antisociales, que perjudican su cuerpo y su mente.
Ya no puede discutirse que la prevención del delito es insuficiente. Como lo dice una experta de la Dirección Nacional de Política Criminal, si la prevención no se complementa con una política capaz de romper el círculo de marginación social, está destinada al fracaso. Nos parece, entonces, que tal es el núcleo duro del asunto, sobre el cual debieran concentrarse los esfuerzos del Estado, en su condición de responsable del marco de contención y seguridad que debe rodear a los habitantes.
Como lo hemos dicho con referencia a otras cuestiones, en esta se hace evidente la necesidad de una verdadera política de Estado. O sea, una estrategia comprensiva, donde se fijen pautas y metas, y para cuyo logro se comprometan todos los sectores vinculados al tema, además de un fuerte respaldo presupuestario.
Si es una realidad que los menores en gran número de barrios carecientes están envueltos en actividades que representan la delincuencia, o por lo menos su antesala directa, resulta indispensable que el Estado implemente los medios necesarios para trabajar sobre tales grupos de población.
Trabajadores sociales, expertos en conducta juvenil, personal médico, etcétera, son los llamados a operar sobre los jóvenes y sobre sus familias. Puesto que se trataría de una política de Estado, mucho es lo que pueden hacer también las autoridades educativas, en su respectivo terreno.
Obvio es decir que todo esto requiere, como apuntamos arriba, fuertes inversiones, para las cuales deben habilitarse los recursos necesarios, dado que se trata de una verdadera prioridad.
En efecto, no podemos seguir limitándonos a asombrarnos de una realidad que está a pocas cuadras del centro de la ciudad: lo adecuado es tomar conciencia completa del asunto, y proceder al diseño de las estrategias enderezadas a revertirlo, en el más breve tiempo posible.
No debe olvidarse que, en última instancia, la juventud constituye el capital más preciado con que cuenta toda comunidad civilizada. Sería criminal dejar que miles de menores tucumanos continúen teniendo, como único horizonte, la exclusión social y el delito.