Cumplir con el deber cívico

Faltan siete días para las elecciones que, en todo el país, renovarán los representantes del pueblo ante el Congreso de la Nación. En Tucumán, la cita del próximo domingo 23 es para renovar cuatro de los nueve diputados que representan a la provincia en la Cámara baja y, en el caso específico de la Banda del Río Salí, para elegir al intendente que completará el mandato trunco por la muerte del jefe municipal electo en 2003. El proceso preelectoral está marcado por dos características: la notoria ventaja de medios del oficialismo con relación al resto de las fuerzas políticas y el desinterés de la población por participar de la contienda. Ambos datos son síntomas de una enfermedad que jaquea la calidad de nuestra democracia y que mantiene en crisis el sistema representativo de gobierno. Desde hace varios años, en la Argentina se viene agudizando un proceso por el cual la sociedad no se siente representada por sus representantes.
El problema tuvo su eclosión en diciembre de 2001, cuando el reclamo de "que se vayan todos" ocupó el centro de la agenda pública, y hoy se refleja en los altos índices de ausentismo que se registran en cada convocatoria a las urnas. También, en el bajo nivel de confianza que muestran algunas instituciones centrales del sistema, como los poderes legislativos o los partidos políticos.
Con el desafío del próximo domingo, la pregunta que deberíamos hacernos los argentinos debería intentar desentrañar en qué punto lo que pasa condiciona nuestro futuro como sociedad. O, qué grado de culpa tenemos respecto de lo que pasa con nuestro sistema de gobierno. En una punta del problema, no hay que negarlo, está la responsabilidad de los políticos, que no terminan de resolver reglas claras que limiten su discrecionalidad en el manejo del Estado. Pero, a esta altura de los tiempos y con más de la mitad de nuestros conciudadanos bajo la línea de la pobreza, debemos empezar a asumir que mirar para otro lado al momento de elegir a quienes nos representan no es una buena salida.
Según la teoría democrática más difundida en el mundo moderno, los representantes del pueblo deben ser designados mediante elecciones. La extensión del derecho de voto a todos los ciudadanos hace deseable que estos estén en condiciones de conocer los datos elementales de las opciones políticas disponibles y que puedan resolver sin otro condicionante que su propia voluntad. En un contexto de marginalidad como el que afecta a muchos tucumanos, parece una utopía pensar que ese deseo teórico pueda concretarse en la realidad. Quienes no viven en condiciones dignas no cuentan con un umbral mínimo de ciudadanía, y exigirles una actitud heroica de compromiso cívico es un reclamo hipócrita y poco ético.
La indiferencia cívica de quienes puedan optar supone el desinterés ciudadano por los asuntos políticos y por la conducción del Estado. Este desinterés se muestra en el no cumplimiento de los deberes cívicos. Esto facilita la tendencia a que el poder sea arbitrariamente controlado por unos pocos y a dar mayores posibilidades a que predomine el interés sectorial por sobre el interés general.
La plena vigencia de la democracia presupone que los ciudadanos adoptarán actitudes en tanto sujetos de derechos y de deberes. Para que una sociedad pueda funcionar con justicia, se considera que un derecho generalmente también implica una responsabilidad, cada derecho tiene como contrapartida un deber. La posibilidad de elegir y de generar opciones políticas reúne ambas caras de la misma moneda y, vale reiterarlo, son la única herramienta para cambiar lo que no nos gusta dentro del sistema de gobierno en el que elegimos vivir. La democracia es un régimen muy exigente, porque como define el español Fernando Savater, es un sistema en el que somos todos políticos porque no tenemos más remedio que serlo.