La injusticia previsional

Por primera vez, el presidente Néstor Kirchner se ha referido en un acto público a la discriminación que soporta la clase pasiva, y formuló votos para que "dentro de algunos meses" sea posible dar un aumento "a toda la línea de jubilados".
Con ello, aludió el grave problema de quienes perciben más de $ 1.000 mensuales y que desde 1994 mantienen congelados sus beneficios (con lo cual perdieron el 40 % del valor de compra), mientras la jubilación mínima fue elevada seis veces durante la actual administración y dos en la anterior.
El resto de beneficiarios, los que cobran hasta $ 1.000, tuvo aumentos del 10%, lo que representa una pérdida de entre el 20 y el 30 %. La manifestación presidencial está condicionada, en cierto modo, por el proyecto de Presupuesto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, donde más del 50% del superávit fiscal deviene de licuar las jubilaciones y los salarios públicos.
La iniciativa presupuestaria no prevé ajustes en esos rubros, a pesar de la inflación calculada que, y al mantenerse los mínimos no imponibles se logrará mayor recaudación. Claro está que el PE dispone de facultades delegadas para reasignar partidas fijadas por el Legislativo, pero deberá esperarse a ver lo que resuelve el Congreso sobre ese superpoder, de cuya prórroga desistió el Gobierno en su proyecto.
La historia de esa discriminación previsional tiene muchos capítulos injustos; especialmente, el uso que sucesivos gobiernos hicieron de los recursos jubilatorios con fines ajenos a su condición. El más notorio y reciente fue haberlos usado para tratar de salvar la crisis energética.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la Anses tiene superávit de caja a costa de no aumentar los ingresos de los jubilados que perciben haberes que superan el salario mínimo.
Tal circunstancia está generando, desde hace tiempo, centenares de juicios de quienes reclaman la actualización de sus haberes por causa de la inflación e invocan la movilidad jubilatoria dispuesta por la Constitución y contemplada ahora favorablemente por la Corte Suprema. Por cierto no es objetable la preferencia oficial por los beneficiarios de ingresos mínimos, pues los efectos de la crisis sobre los 2,4 millones que cobran menos han sido de extrema gravedad. Sí lo es, en cambio, el criterio sostenido para justificar la discriminación por parte del ministro de Economía.
Roberto Lavagna pidió que no se haga demagogia con la política salarial, pues los sueldos y las jubilaciones dependen del aumento de la producción y de la solidez fiscal del Estado.
Se trata, en verdad, de una perturbadora confusión, pues si los salarios públicos están condicionados por aquellas exigencias, las jubilaciones tienen su base en los aportes de la clase pasiva, de acuerdo con el régimen previsional. Desde hace más de un año, la Anses, administradora del sistema, dispone -como ya se ha dicho- de un significativo superávit.
El viejo régimen estatal vuelve a servir a las urgencias del gobierno de turno, haciendo caso omiso de sus fines sociales tantas veces proclamados en el discurso político como objetivos de máxima. Esa, y no otra, es la razón por la cual en pocos años, tras su creación, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones triplicaran el número de afiliados de aquel.
Las AFJP sirvieron, por otra parte, al actual gobierno para encabezar la renegociación de la deuda pública, a pesar de hallarse el 27 % de sus títulos en insolvencia por el default.
La esperanza del Presidente deberá convertirse en compromiso firme si el Gobierno desea mantener esa caja de auxilio que es la Anses, pues, de lo contrario, la fuga de aportantes previsionales aumentará para ponerse a salvo de las ansiosas manos de los administradores estatales.