La política de inversiones

El pobre discurso electoral, que ofende la inteligencia y la cultura de nuestra sociedad, está impidiendo que algunos problemas nacionales de excepcional interés ocupen en la opinión pública la preocupación necesaria.
Entre ellos, el de la necesidad de inversiones con capacidad productiva adquiere una trascendencia especial por depender de estas el crecimiento sostenido de la economía, condición ineludible de la recuperación social.
El tema apenas aparece en los discursos oficiales, si bien cuando lo hace no deja de reconocerse su prioridad entre los asuntos públicos.
Durante 2004, la inversión extranjera en el país duplicó la del año anterior, pero aun así sigue siendo menos de la mitad de los niveles anteriores a la crisis.
El último informe anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al referirse a la recuperación macroeconómica argentina, señala que no basta con esto, enfatizando la influencia que en ese punto tienen la seguridad jurídica y el respeto al derecho de propiedad.
Ese criterio universal es precisamente el que acaba de sostenerse en la reunión anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, cuyo vicepresidente para el hemisferio, John Murphy, sostuvo que el nuestro es un caso complejo "porque existe una economía en pleno crecimiento y nuevas oportunidades, pero a la vez hay problemas en el entorno de la política económica, que dificultan la inversión".
Obviamente, la expresión alude a la contradicción existente, a veces, entre la orientación económica y el discurso político oficial, así como la debilidad institucional que implica el extraordinario poder del Ejecutivo por causa de las concesiones del Congreso.
"En la Argentina hay avances -agregó el vicepresidente de la más poderosa institución empresaria de EE.UU.-, pero se requiere tiempo para que vuelva la confianza". En los primeros días del mes próximo, dicha Cámara participará en nuestro país del foro continental del sector privado que precederá a la IV Cumbre de las Américas, por realizarse en Mar del Plata, y cuyas conclusiones serán expuestas a los presidentes del hemisferio.
Esas observaciones son compartidas aquí y forman parte de las reglas de juego de la economía de mercado que el Gobierno nacional hace suya, por más que con un criterio restrictivo más discursivo que realista.
En el último Foro Económico Mundial reunido en Davos aparecieron parecidas inquietudes y quedó nuestro país, en cuanto a calificación institucional para la legislación y los contratos, en el puesto 110, de un relevamiento que incluyó a 117 naciones, y en el 105 sobre la independencia del Poder Judicial.
El abuso y la irregularidad con que se dictan los decretos de necesidad y urgencia es el punto más significativo entre las objeciones a la institucionalidad, pues este forma parte de la inseguridad jurídica creciente que desde hace casi una década fue socavando la confianza en el país.
Por otra parte, la insistencia oficial en fundamentar la amplitud de poderes presidenciales, en un estado de emergencia, contribuye a la incertidumbre de los mercados. Por todo ello, el compromiso más inmediato de los poderes públicos, tras las elecciones legislativas, deberá ser la voluntad de poner fin a la debilidad institucional que se reprocha al país.
Ese será el gran proyecto impostergable, para recuperar, como primer paso, el diálogo esencial entre el oficialismo y la oposición, para restablecer la integridad de los poderes constitucionales.
Unicamente la plenitud de estos permitirá recuperar la confianza y las políticas de Estado, sin las cuales el corto plazo seguirá impidiendo a la República el destino que merece por la calidad de sus recursos.