Zangoloteo

No hay que legislar emotivamente, para acallar demagógicamente las demandas sociales, sean o no acompañadas por cacerolas. Aunque no figuró así en el documento final, esta fue la reflexión más repetida durante el Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Penal, que se celebró en esta capital. Estos ofrecieron una prueba irrefutable: entre 1999 y 2004 fueron introducidas -a las apuradas- 50 reformas al Código Penal, en la mayoría de los casos para subir las penas para los delitos; y, sin embargo, la gente sigue sin poder dormir tranquila ni segura.
Para peor, en Tucumán, no sólo diseñan normas de manera sanguínea, sino instituciones. Estas, en muchos casos, son levantadas con la liviandad con que son montadas las carpas durante un fin de semana largo; ergo, terminan durando lo que un campamento. Sucedió con la Fiscalía Anticorrupción, que no llegó a los seis años. Como había sido erigida a medida de una persona (la función al servicio de un hombre y no al revés), cuando esta (Esteban Jerez) concluyó que debía nadar en otras aguas menos procelosas..., Fiscalía, si te he visto, no me acuerdo. Curioso destino el del ideólogo de la Fiscalía, el diputado Ricardo Falú. A su pequeña obra la terminó comiendo el olvido (al que contribuyó la larga siesta del sucesor de Jerez, Pedro Gallo), pero fue el ariete del desmonte de la mayoría automática menemista, que había convertido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un poder político más.
Los zangoloteos también han mareado al Consejo Asesor de la Magistratura (otro ingenio de Falú). Tuvo la virtud de haberse anticipado al órgano que luego estableció la Constitución nacional en 1994. No era el cielo en la Tierra. Tampoco establecía concursos públicos para cubrir cargos en la Justicia. Pero ya no era sólo el Poder Ejecutivo el que intervenía en la selección de los jueces, sino la Corte, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y el Colegio de Abogados. Es cierto: existía el peligro de las digitaciones corporativas. Pero ya se había vuelto saludable costumbre que el PE eligiera a uno de los tres nombres sugeridos por el CAM. Así fue durante 12 años. Hasta que llegó el gobierno de José Alperovich y, en vez de mejorar el sistema (incorporando los concursos, por ejemplo), borró por decreto aquel hábito institucional que había costado tanto sostener. A partir de una pantomima (la sociedad, supuestamente, puede opinar sobre los nombres propuestos por el PE, pero las observaciones no son vinculantes), los políticos recuperaron la omnipotencia de nombrar a los magistrados (20 desde 2003).
Las cosas cambiaron. La Justicia le puso un estate quieto al Gobierno al impedir que los comicios para convencionales fueran simultáneos con los de diputados nacionales. Y en el PE, como no quieren perder la oportunidad de reformar la Constitución (reelección incluida), están dispuestos a todo, incluso a restablecer el CAM; no por convicción, claro. Sería una forma de tranquilizar a los jueces: "ahí tienen el CAM, le daremos rango constitucional. ¿Quieren mayor prueba de que la Constituyente no los pondrá en comisión?" Pese a lo poco elegante que es mudar instituciones a pocos meses de una enmienda constitucional, en la Corte no ven esto con malos ojos y el titular del Colegio de Abogados (Antonio Bustamante) hace de puente entre unos y otros.
A ello hay que sumar el empujoncito del ministro de la Corte nacional, Eugenio Zaffaroni, quien el viernes ni pisó los Tribunales Federales; no fuera que hubiera tenido que saludar a los jueces Jorge Parache y Felipe Terán, en la mira de los auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación; sí, en cambio, anduvo sonriente por el Palacio provincial. Zaffaroni defendió al CAM y la independencia moral de los jueces designados por concursos. También dijo que, al cubrir una vacante, cuando no hay un CAM, es natural que los ministros de Justicia (o de Gobierno) deban fijarse en quiénes son amigos, enemigos o inofensivos. ¿Le habrá leído la mente al ministro Edmundo Jiménez?