Temas clave de la legislación

En la reunión nacional de Profesores de Derecho Penal, que se desarrolló en nuestra ciudad, se expusieron conclusiones que no pueden pasar sin un comentario. Sabida es la trascendencia que la legislación penal tiene, en la totalidad de la vida jurídica de un país, y cómo ella otorga un perfil inconfundible a la integridad de sus instituciones. El debate sobre estos puntos se torna, así, de extremada importancia, y apunta a los intereses más directos y elementales de toda comunidad civilizada.
Durante los tres días y medio que ocuparon las deliberaciones, hemos ido dando noticia de lo que en ellas se expresaba. Como punto fundamental -y que requiere ser objeto detenido de reflexión- está la necesidad de que toda norma que modifique el Código Penal, debe ser objeto de un intenso y meditado estudio previo.
No es posible sancionar reformas sobre tablas, o como respuesta sentimental a situaciones del momento. No es esa la manera como deben surgir las leyes, en ningún caso, y mucho menos las penales. Piénsese que, como se lo hizo notar en la reunión, en el último año y medio fueron sancionadas por el Congreso nada menos que 27 leyes en esta específica rama. Tal velocidad contrasta con el detenimiento que rodeó, décadas atrás, todo lo que se refería a esa temática. Los proyectos de modificación del Código, inclusive se estudiaban en las Facultades de Derecho.
Se ha señalado, también, que esa índole de reformas, al no tener en cuenta la sistemática general del Código, muchas veces contradice otras normas, y tornan incoherente al conjunto. Los catedráticos reunidos expresaron su preocupación "por la utilización desmedida y excesivamente simbólica de las leyes penales". Se ha puesto el acento en el endurecimiento, en lugar de ponerlo en la prevención, como hubiera sido más sensato y más eficaz.
No es posible desconocer, en efecto, un escenario social de dramática marginalidad, que constituye el perfecto caldo de cultivo para el delito. La ecuación de que a mayor pobreza corresponde mayor delito, es algo tan comprobado históricamente, que no necesita demostración. Queda claro, nos parece, el mensaje central. Esto es, la necesidad de que la normativa penal surja de estudios serenos y lo suficientemente meditados de la realidad que debe regir; que guarde perfecta coherencia con el conjunto de la legislación; y que esté más atenta a los aspectos preventivos que al endurecimiento de las penas.
Por otro lado, es sabido que las reuniones contaron con la presencia de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Eugenio Zaffaroni, quien formuló puntualizaciones que resultan importantes tener en cuenta, sobre todo cuando se piensa en la reforma de la Constitución de Tucumán.
Insistió en la necesidad de que la designación de jueces sea el resultado de un concurso y no de nominaciones políticas, y señaló que, en ese proceso, resulta básica la existencia de un Consejo de la Magistratura, con rango constitucional (no como el que rigió Tucumán, producto de un decreto hoy derogado), y cuyos dictámenes tengan carácter vinculante para el Poder Ejecutivo. No dejó de advertir que, en ese Consejo, será indispensable tomar medidas enderezadas a que los representantes legislativos que se incluyan, no sean legisladores sino jurisconsultos, como forma de homogeneizar los criterios y metodología de trabajo del cuerpo.Merece subrayarse la postura del doctor Aguirre Obarrio, quien sostuvo la necesidad de incluir los delitos políticos en el Código y así penalizar, por ejemplo, el reparto de bolsones, al que llamó "delito contra el voto".
En suma, las deliberaciones del V Encuentro de Profesores de Derecho Penal contienen material suficiente para que, en la órbita federal como en la de las provincias, se reflexione sobre temas jurídicos realmente acuciantes y -lo que resulta clave- se obre luego en consecuencia.