Esas expectativas

Las preocupaciones del ciudadano común están más focalizadas en la evolución de los precios que en el proceso electoral. La inflación no le da tregua al bolsillo de la gente. Casi sostenidamente, los valores de los artículos indispensables para el diario sustento van reacomodándose en un proceso que, por ahora, no tiene techo.
Enfrascados en los resultados de las encuestas preelectorales, los funcionarios (nacionales y provinciales) no encuentran el remedio para frenar la escalada de precios. Con la evolución que tuvo este año el costo de vida, considerar que el alza responde a cuestiones estacionales, ya no resulta un argumento sustentable. Puede pensarse, entonces, que el reacomodamiento de los precios, tras la monstruosa devaluación de 2002, no terminó de completarse. También, que la decisión del Gobierno nacional de sostener un tipo de cambio alto (un dólar a $ 3) genera un aumento del circulante de dinero que, en definitiva, vía consumo, termina por impactar en los precios. A estos escenarios hay que agregarles, lamentablemente, la expectativa inflacionaria.
Cada día que pasa, la gente comienza concientizarse de que la inflación (el aumento sostenido y generalizado de precios) se mantendrá. Es decir que el consumidor se asusta ante los reajustes y, por lo tanto, trata de desprenderse rápidamente del dinero. En ese contexto, hay mayor demanda de bienes y de servicios y, por ende, inflación. Si tomamos en cuenta los indicadores oficiales, podría conjeturarse que los precios seguirán subiendo, ya que el índice minorista (1,2%) creció en setiembre menos que el mayorista (1,7%) y, en algún momento, esa mayor suba llegará a las góndolas.
Pero la situación no impacta del mismo modo para todos. Habrá quienes podrán adquirir propiedades, acumular dólares o invertir en la Bolsa, como un modo de resguardar o atesorar sus ahorros. Pero, en el país, los pobres son mayoría. Hay 15 millones de argentinos (500.000 habitantes de Tucumán, si se toma en cuenta el total de la población y no sólo el del aglomerado urbano) que no pueden reunir los $ 217,62 mensuales para alimentarse y para sustentar sus gastos más elementales en salud, educación o transporte. Así, esta franja de la sociedad es la que padece con más fuerza los embates inflacionarios, con la caída del salario real o de su jubilación y, consecuentemente, de su poder de compra.
En un escenario de creciente inflación, los empleados públicos creen en la necesidad de que es necesario reajustar los salarios, aprovechando los tiempos políticos y las necesidades que tiene la gestión del gobernador José Alperovich de lograr resultados electorales que le garanticen el respaldo suficiente a su gestión en los poco más de dos años que le quedan de mandato.
Es sabido que las apetencias políticas del actual Gobierno tienen proyectos continuistas, más allá de 2007. Los gremialistas observan que los $ 630 de mínimo en el salario estatal sólo es un paliativo ante una canasta familiar de consumo que, en Tucumán, fue calculada en $ 871. Pero las quejas por reajustes en los ingresos no se focalizan sólo en los 70.000 agentes. Los jubilados vienen protestando por lograr una recomposición de sus haberes, mediante el reconocimiento del 82% móvil. Los tiempos de la clase pasiva no son los mismos que manejan los funcionarios de turno. Frente a las promesas nacionales aún no definidas, el Gobierno apeló al dictado de un decreto de necesidad y urgencia para reconocer la movilidad de los haberes a casi 25.000 jubilados tucumanos.
Estas mejoras serían las últimas que otorgaría el Estado provincial, ya que 2006 se presenta como un año difícil por la concentración de vencimiento de deuda. Además, la Nación ya cerró el grifo, al sostener que no habrá más subas salariales en el sector público.