Inquietante contexto electoral

Los numerosos testimonios de clientelismo político que se han difundido en los recientes días han puesto en evidencia el inquietante contexto con que transcurren las campañas electorales para la renovación de los poderes legislativos. No tanto por el fenómeno en sí, que tradicionalmente ha precedido a las urnas con manifestaciones aisladas de activismo partidario marginal, cuanto por la manifiesta participación de sectores de nuestra vida pública. Si bien los hechos se registran en numerosos lugares del país, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires acumulan las más graves demostraciones de clientelismo por su volumen y naturaleza. Precisamente allí, donde el poder político y los recursos son los mayores. Nuevamente se pone de manifiesto con ello que, en nuestra vida pública, están presentes dos clases de corrupción: la que transgrede normas penales y reglamentarias concretas, y la amparada por determinada normativa legal cuya imperfección o anacronismo impiden la regulación y el control adecuados de los actos públicos. La gran mayoría de los hechos denunciados ahora se caracteriza por la burda "compra de votos" a cargo de grupos y organizaciones vinculados a poderes locales. Sus denuncias motivaron respuestas con diverso origen; pero, especialmente desde el Gobierno, altos funcionarios atribuyeron esas situaciones a planes de asistencia social en vigor por la crisis.
En este último punto vuelve a advertirse cuán frágil es la línea que separa el asistencialismo del Estado, con su múltiple variedad y cuyo fin no se ve cercano, de los hechos denunciados; como la entrega de cheques, electrodomésticos y otros elementos. En casi todos esos casos, los protagonistas de esa seducción política son los mismos intermediarios de aquellos planes y programas oficiales, y se los puede observar en las inmediaciones de los actos de candidatos oficialistas. El presidente Kirchner ha señalado que si conociera algún hecho, lo denunciaría, y el ministro del Interior, al desligar al Gobierno nacional de las denuncias, dijo que estas constituyen "una gansada fenomenal", y recomendó acudir a la Justicia. Por su parte, el jefe del Gabinete justificó la entrega de electrodomésticos como parte de un plan de asistencia. Los rivales partidarios del oficialismo nacional, como la vicegobernadora bonaerense Graciela Giannettasio, califican esas situaciones como legales y legítimas, con lo cual se evidencia, una vez más, la dificultad para discriminar el burdo asistencialismo estatal mediante subsidios sin retribución laboral.
El probado clientelismo a la sombra de la denominada corrupción estructural no es la única manifestación de irregularidades en la actual campaña electoral. Otro costado de la cuestión es el uso de recursos públicos en actos oficiales proselitistas, donde se anuncian obras y se asignan fondos presupuestarios, a la vez que se piden compulsivamente votos al auditorio. La naturaleza de esos actos suele ser reconocida por el propio Presidente cuando afirma que está en campaña para lograr apoyo a su gestión, junto a su esposa, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Los hechos son así, pero todo intento de acceder a la Justicia para su clarificación sería vano, al no disponerse de testimonios en virtud del bloqueo que está teniendo en el Congreso el proyecto de ley de acceso a la información pública. La publicidad de los gastos públicos y el control de los organismos que reciben o administran recursos, amén del financiamiento de la política, continúan siendo "temas para después" desde hace ya demasiado tiempo, a pesar de las promesas depurativas que se formulan en esas tribunas electoralistas subsidiadas con el dinero de todos.