Un debate fiscal clave

Tradicionalmente, al Presupuesto o cálculo legal de gastos y recursos de la Nación se lo ha denominado comúnmente ley de leyes, pues este determina cómo deben obtenerse y asignarse los fondos del Estado para su gestión anual. Por provenir esos recursos, de manera directa o indirecta, de la sociedad, el Congreso es el responsable de su aprobación y control, y el Poder Ejecutivo quien debe administrarlos. De la calidad de la ley de leyes y de su ejecución, depende el funcionamiento eficiente del Estado. A partir de la crisis, esa relación institucional fue afectada gravemente por situaciones de emergencia, hasta el punto de asignarse al Ejecutivo poderes propios del Legislativo, que le delegó facultades para disponer de fondos presupuestarios sin su control o, en todo caso, tan irrelevante que carece de antecedentes en la historia de nuestros gobiernos constitucionales. Superadas las graves situaciones de emergencia, esa circunstancia aún perdura, por lo que debe esperarse que el tratamiento del Presupuesto 2006 suscite un debate crítico para poner punto final a ese grado de superpoderes que afectan la transparencia institucional.
Los temas más conflictivos conciernen a la prórroga de algunos impuestos excepcionales por lo distorsivos; el uso discrecional por el PE de partidas presupuestarias y de los excedentes de la recaudación mediante decretos de necesidad y urgencia; el control de los fondos fiduciarios, y los recursos representados por el rubro de obligaciones a cargo del Tesoro. En total, durante el ejercicio fiscal de 2004 ese conjunto representó una suma superior a 11.000 millones de pesos sin control parlamentario, en contradicción con las condiciones que establece el texto constitucional. Se ha señalado desde el oficialismo, en defensa de la delegación de facultades, que las mismas no son inconstitucionales; pero se elude cuando así se argumenta la perdurabilidad de esos superpoderes y su concesión masiva, pues tan sólo temporalmente y en situaciones muy excepcionales, que hace tiempo no son del caso, pueden legitimarse. En el proyecto presupuestario para 2006 el PE ha desistido de los superpoderes conferidos al jefe del Gabinete para cambiar los destinos de fondos asignados por el Congreso, pero la disponibilidad se mantendrá mediante decretos de necesidad y urgencia. Los DNU, como es notorio, no han sido reglamentados desde que se los incorporó en la reforma constitucional de 1994, pero las mayorías parlamentarias oficialistas desde entonces los han habilitado generalmente por omisión de tratamiento.
Las obligaciones del Tesoro representan por otra parte la fuente de recursos más rica de todas las disponibles por el PE. Para el ejercicio próximo, de acuerdo con el proyecto fiscal, serán 9.200 millones de pesos y se destinarán a subsidios públicos y privados, así como transferencias a las provincias. Esa operatoria suele tener eco en los periódicos anuncios y actos públicos oficiales que la actual campaña electoral ha multiplicado, y cuya distinción entre gestión de Estado y proselitismo del gobierno de turno, no es posible concretar. En los recientes días, el PE ya remitió al Congreso los proyectos de prórroga de impuestos excepcionales que vencen en diciembre y que en su momento fueron calificados de emergencia. Se trata de los tributos al cheque y de retención a las exportaciones, otro motivo de discusión cuyo resultado no está sujeto igualmente al fallo electoral de las urnas, pues el debate presupuestario del Congreso se realizará con su actual composición. Si el desenlace del mismo no modifica la tesis fiscal de emergencia que el oficialismo se esfuerza por mantener, el país seguirá sin políticas de largo plazo y con mediocridad institucional.