06 Octubre 2005 Seguir en 
El reloj que marca los tiempos institucionales atrasa en Tucumán. El próximo 30, la democracia cumplirá 22 años en la Argentina, pero hoy la capital provincial se encamina a una crisis. Los cañones apuntan contra la elección de Domingo Amaya como intendente definitivo, en base a la ley 5.529 (orgánica de municipios), dictada por el Gobierno de facto en sus últimos meses. Es decir, los vecinos de la capital tienen, ahora, problemas propios de 1983.
Los mismos dirigentes que hoy se declaran reformistas con la fe de los conversos, porque quieren meterle manos a la Constitución, son los que no repararon durante dos décadas en esta ley, que discrimina en todas direcciones. Segrega a los vecinos de la capital, a quienes les impide elegir su propio jefe municipal. Y también a los del interior, que deben elegir concejales desprovistos de la facultad de destituir al intendente o de interpelar a los secretarios del gabinete.
La desconsideración por la institución municipal, carente de autonomía real y regulada por una ley vetusta y antidemocrática, tampoco es la mancha que arruina el inmaculado panorama institucional vernáculo. Es, en todo caso, una actitud que no desentona con las conductas oficiales que han conducido a la acumulación de poder en el Ejecutivo en desmedro de los otros poderes.
Para el momento en que la suerte de las municipalidades comenzó a importar poco o nada, ya habían sido sepultadas otras instituciones, como el voto universal, libre y secreto. Mientras en Buenos Aires se asombran porque los punteros kirchneristas y duhaldistas regalan "cheques sociales" y electrodomésticos en plena campaña, en Tucumán pocos se sorprendieron cuando, en agosto, Banda del Río Salí se convirtió en la capital de la patria bolsonera, durante las internas abiertas. En el subtrópico, un voto se compra con 10 comestibles de terceras marcas y no con heladeras.
Es que, en realidad, hay institutos que tienen que ver con las condiciones esenciales de la persona que también han sido desvencijados aquí. En el Gran San Miguel de Tucumán, dentro de cuyos límites el Gobierno deja que se pudran toneladas de alimentos en sus galpones, la mitad de los 770.000 habitantes es pobre: no reúne $ 220 por mes. O sea, que quien gana $ 250 vendría a ser parte integrante de la clase media.
Sigue, inmediatamente, la situación de la inseguridad. Los estudios estadísticos de Geny probaron que las escaladas delictivas se corresponden no con el aumento de la pobreza, sino con el ensanchamiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen. En tres palabras, distribución del ingreso. Incluso, hay técnicos que suelen asignar un delito a cada valor de la tabla. Por dar un ejemplo, "hurtos" cuando la brecha es de cinco puntos. Y "robo a mano armada" cuando es de 10. En estas tierras, el 10% más rico tiene ingresos 30 veces mayores que el 10% que menos tiene, tal como consignó Marcelo Aguaysol en su columna del pasado sábado 24.
Las cifras demuestran que la propia sociedad tambalea como institución, porque esta responsabilidad no puede achacarse a la clase política. Salvo que se pretenda el dictado de normas que deroguen la miseria. O que consignen que, al decir de Anatole France, "la igualdad ante la ley consiste en que les está prohibido, a ricos y a pobres, robar pan o mendigar en las calles".
Los indicadores sociales muestran que esta provincia debe ser la más franciscana de todas. Si cada gobierno la dejó más paupérrima, quiere decir que cada vez que hubo elecciones, los tucumanos hicieron voto de pobreza. La capital, con perdón de San Miguel, debería llamarse San Francisco de Tucumán.
Precisamente, el martes tuvo lugar la festividad de San Francisco de Asís, de quien la actriz China Zorrilla recordó una historia cuando, en 1998, reabrieron en Buenos Aires el Cine Helvético. El relato pinta al santo caminando por el campo, acompañado de jóvenes, cuando se topa con los restos de un perro. Mientras todos se asqueaban ante la imagen, el hombre de Asís reparó en los dientes intactos del animal, a modo de demostrar que siempre se puede mirar con esperanza y encontrar belleza en las cosas. ¿Dónde tiene la institucionalidad tucumana esos dientes de perro?
Los mismos dirigentes que hoy se declaran reformistas con la fe de los conversos, porque quieren meterle manos a la Constitución, son los que no repararon durante dos décadas en esta ley, que discrimina en todas direcciones. Segrega a los vecinos de la capital, a quienes les impide elegir su propio jefe municipal. Y también a los del interior, que deben elegir concejales desprovistos de la facultad de destituir al intendente o de interpelar a los secretarios del gabinete.
La desconsideración por la institución municipal, carente de autonomía real y regulada por una ley vetusta y antidemocrática, tampoco es la mancha que arruina el inmaculado panorama institucional vernáculo. Es, en todo caso, una actitud que no desentona con las conductas oficiales que han conducido a la acumulación de poder en el Ejecutivo en desmedro de los otros poderes.
Para el momento en que la suerte de las municipalidades comenzó a importar poco o nada, ya habían sido sepultadas otras instituciones, como el voto universal, libre y secreto. Mientras en Buenos Aires se asombran porque los punteros kirchneristas y duhaldistas regalan "cheques sociales" y electrodomésticos en plena campaña, en Tucumán pocos se sorprendieron cuando, en agosto, Banda del Río Salí se convirtió en la capital de la patria bolsonera, durante las internas abiertas. En el subtrópico, un voto se compra con 10 comestibles de terceras marcas y no con heladeras.
Es que, en realidad, hay institutos que tienen que ver con las condiciones esenciales de la persona que también han sido desvencijados aquí. En el Gran San Miguel de Tucumán, dentro de cuyos límites el Gobierno deja que se pudran toneladas de alimentos en sus galpones, la mitad de los 770.000 habitantes es pobre: no reúne $ 220 por mes. O sea, que quien gana $ 250 vendría a ser parte integrante de la clase media.
Sigue, inmediatamente, la situación de la inseguridad. Los estudios estadísticos de Geny probaron que las escaladas delictivas se corresponden no con el aumento de la pobreza, sino con el ensanchamiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen. En tres palabras, distribución del ingreso. Incluso, hay técnicos que suelen asignar un delito a cada valor de la tabla. Por dar un ejemplo, "hurtos" cuando la brecha es de cinco puntos. Y "robo a mano armada" cuando es de 10. En estas tierras, el 10% más rico tiene ingresos 30 veces mayores que el 10% que menos tiene, tal como consignó Marcelo Aguaysol en su columna del pasado sábado 24.
Las cifras demuestran que la propia sociedad tambalea como institución, porque esta responsabilidad no puede achacarse a la clase política. Salvo que se pretenda el dictado de normas que deroguen la miseria. O que consignen que, al decir de Anatole France, "la igualdad ante la ley consiste en que les está prohibido, a ricos y a pobres, robar pan o mendigar en las calles".
Los indicadores sociales muestran que esta provincia debe ser la más franciscana de todas. Si cada gobierno la dejó más paupérrima, quiere decir que cada vez que hubo elecciones, los tucumanos hicieron voto de pobreza. La capital, con perdón de San Miguel, debería llamarse San Francisco de Tucumán.
Precisamente, el martes tuvo lugar la festividad de San Francisco de Asís, de quien la actriz China Zorrilla recordó una historia cuando, en 1998, reabrieron en Buenos Aires el Cine Helvético. El relato pinta al santo caminando por el campo, acompañado de jóvenes, cuando se topa con los restos de un perro. Mientras todos se asqueaban ante la imagen, el hombre de Asís reparó en los dientes intactos del animal, a modo de demostrar que siempre se puede mirar con esperanza y encontrar belleza en las cosas. ¿Dónde tiene la institucionalidad tucumana esos dientes de perro?
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