06 Octubre 2005 Seguir en 
En nuestra edición de ayer, dedicamos una extensa nota a la situación creada, por la falta de cobertura, a los afiliados del Subsidio de Salud. Estos suman, como se sabe, cerca de 400.000 personas. En la actualidad, se ven obligados a pagar las consultas, estudios y demás requerimientos de su tratamiento. El Gobierno les prometió que tal gasto les será reintegrado; pero ocurre que no todos cuentan con la suma necesaria de dinero, en efectivo, como para costearse durante el lapso que media entre la erogación y su eventual devolución.Los problemas de las prestaciones del Subsidio de Salud tienen larga data en nuestra provincia, y ocuparon reiterados espacios en nuestra información.
Ultimamente, como informamos, existía un principio de acuerdo entre el Colegio Médico y el sistema, para establecer nuevos aranceles quirúrgicos y mejorar algunas prestaciones. Pero dicho acuerdo se rompió porque el Subsidio, a la hora de pagarles a los médicos, se atuvo a las cifras que fijaba el viejo convenio y no a las nuevas cláusulas.
De acuerdo con el titular del Colegio, estaba entendido que los números viejos se respetarían hasta julio, y que, desde entonces a hoy, las diferencias arancelarias ya llegan al millón de pesos.
Por su parte, el interventor del Subsidio negó la deuda y sostuvo que se había abonado el total de los compromisos pactados con los prestadores. En el mismo sentido, el gobernador José Alperovich afirmó también que su administración había cumplido con el Colegio Médico, y que legalmente no le es posible, aunque quisiera, pagar montos extras que no figuran en el contrato. Esto, a la vez que aseguró que nadie perderá las prestaciones.
El panorama, que sintetizamos en sus líneas generales, aparece bastante confuso, ya que una parte reclama deudas que la otra declara inexistentes. Como lo expresaba ayer uno de nuestros comentaristas, los únicos seriamente afectados en estas contradicciones son los afiliados: casi una tercera parte de la población tucumana, que ha quedado sin atención médica después de pagar los coseguros.
Parece ocioso decir que no existe una temática más delicada que aquella que tenga que ver con la salud de la población. Cualquier inconveniente que se registre en ese terreno, tiene características de extremadamente grave y, por lo tanto, exige que los poderes públicos le aporten inmediata solución.
Todos los agentes del Estado -en actividad o retirados- aportan obligatoriamente para el Subsidio de Salud. Ese aporte, que suma mensualmente cifras muy elevadas, les da el indiscutible derecho de recibir la prestación médica correspondiente, en toda su amplitud.
El hecho de que ocurra ahora una interrupción, es algo muy serio para muchas personas, cuya salud no puede estar sometida a trances de esa índole. Y para cualquiera resulta obvio el hecho de que las bajas remuneraciones y el constante crecer del costo de la vida, tornan imposible, a una gran mayoría de afectados, salir del paso, mientras tanto, satisfaciendo con pagos de su bolsillo las consultas, los estudios y demás requerimientos.
Corresponde, entonces, que el Estado Provincial y el Colegio Médico se pongan de acuerdo con urgencia, a los fines de destrabar una realidad de tan dañosa repercusión en tantas personas. Es indudable que debe buscarse que los intereses bien entendidos de las dos partes involucradas en el conflicto, sean considerados y atendidos como corresponde. Como tampoco puede dudarse de que un diálogo franco y realista constituye siempre el mejor camino para enderezar este tipo de situaciones. Creemos que, además, deben tomarse las providencias para que aquellas no se reiteren en el futuro, cosa que parece perfectamente posible. Repetimos, es una situación muy delicada, que debe zanjarse con verdadera urgencia.
Ultimamente, como informamos, existía un principio de acuerdo entre el Colegio Médico y el sistema, para establecer nuevos aranceles quirúrgicos y mejorar algunas prestaciones. Pero dicho acuerdo se rompió porque el Subsidio, a la hora de pagarles a los médicos, se atuvo a las cifras que fijaba el viejo convenio y no a las nuevas cláusulas.
De acuerdo con el titular del Colegio, estaba entendido que los números viejos se respetarían hasta julio, y que, desde entonces a hoy, las diferencias arancelarias ya llegan al millón de pesos.
Por su parte, el interventor del Subsidio negó la deuda y sostuvo que se había abonado el total de los compromisos pactados con los prestadores. En el mismo sentido, el gobernador José Alperovich afirmó también que su administración había cumplido con el Colegio Médico, y que legalmente no le es posible, aunque quisiera, pagar montos extras que no figuran en el contrato. Esto, a la vez que aseguró que nadie perderá las prestaciones.
El panorama, que sintetizamos en sus líneas generales, aparece bastante confuso, ya que una parte reclama deudas que la otra declara inexistentes. Como lo expresaba ayer uno de nuestros comentaristas, los únicos seriamente afectados en estas contradicciones son los afiliados: casi una tercera parte de la población tucumana, que ha quedado sin atención médica después de pagar los coseguros.
Parece ocioso decir que no existe una temática más delicada que aquella que tenga que ver con la salud de la población. Cualquier inconveniente que se registre en ese terreno, tiene características de extremadamente grave y, por lo tanto, exige que los poderes públicos le aporten inmediata solución.
Todos los agentes del Estado -en actividad o retirados- aportan obligatoriamente para el Subsidio de Salud. Ese aporte, que suma mensualmente cifras muy elevadas, les da el indiscutible derecho de recibir la prestación médica correspondiente, en toda su amplitud.
El hecho de que ocurra ahora una interrupción, es algo muy serio para muchas personas, cuya salud no puede estar sometida a trances de esa índole. Y para cualquiera resulta obvio el hecho de que las bajas remuneraciones y el constante crecer del costo de la vida, tornan imposible, a una gran mayoría de afectados, salir del paso, mientras tanto, satisfaciendo con pagos de su bolsillo las consultas, los estudios y demás requerimientos.
Corresponde, entonces, que el Estado Provincial y el Colegio Médico se pongan de acuerdo con urgencia, a los fines de destrabar una realidad de tan dañosa repercusión en tantas personas. Es indudable que debe buscarse que los intereses bien entendidos de las dos partes involucradas en el conflicto, sean considerados y atendidos como corresponde. Como tampoco puede dudarse de que un diálogo franco y realista constituye siempre el mejor camino para enderezar este tipo de situaciones. Creemos que, además, deben tomarse las providencias para que aquellas no se reiteren en el futuro, cosa que parece perfectamente posible. Repetimos, es una situación muy delicada, que debe zanjarse con verdadera urgencia.







