La crisis del federalismo

Ni el Gobierno nacional, como ninguna de las provincias o sector alguno del Congreso, han dado señales de preocupación para encarar antes de finalizar el año el nuevo régimen de coparticipación federal dispuesto por la Constitución reformada en 1994. Desde entonces hasta la fecha todas las administraciones debieron apelar consecuentemente a retoques en el sistema tributario para superar situaciones provocadas por los renovados problemas de la República. No es una novedad, por cierto, que las circunstancias más complejas del país provienen de eludir el debate de las cuestiones de fondo para atender las coyunturas provocadas por esa omisión. La última oportunidad en que el tema ocupó la atención oficial fue hace algo más de un año, sin que finalmente se avanzara, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre el poder central y los gobiernos provinciales. En dicha ocasión se puso de manifiesto nuevamente el desinterés por un tema tan esencial para la fortaleza del sistema federal, condicionado por la independencia de los recursos fiscales. Por otra parte, los constituyentes de 1994 dejaron de lado el modelo de la Constitución histórica, que establecía la discriminación de fuentes tributarias para asegurar las autonomías federales. Fue también por ello que debió recurrirse a remedios transitorios cada vez más perturbadores del modelo federal.
El fuerte centralismo de Buenos Aires, así como la periódica sucesión de gobiernos autoritarios desde 1930, establecieron una dependencia de las provincias en función de los recursos tributarios, hasta el punto de que más del 60% del gasto de aquellas es financiado por la Nación, en tanto dos de cada tres superan el 70%. La crisis que provocó la caída de la Alianza y rápidas sucesiones en el Estado nacional terminaron poniendo fin al centralismo original, superado por la virtual coalición de los gobernadores, para quienes es preferible reclamar recursos al poder central, antes que obligar a sus comunidades a cumplir con los deberes tributarios. Por la misma razón, es improbable que un gobernador ayude debidamente a la AFIP a controlar la evasión en su distrito. Se ha perdido así de vista el razonable criterio de que sean las provincias las recaudadoras de los impuestos en sus jurisdicciones, sin perjuicio de un régimen de compensación para las de menor capacidad tributaria. Numerosos estudios al respecto apuntan en la misma dirección, coincidiendo en ello con la sabiduría de los constituyentes históricos, perdida de vista por los reformadores de 1994.
A esa pérdida de conciencia federalista debe sumarse finalmente el fuerte personalismo presidencial que, merced a la crisis de los partidos políticos, permite una distribución de recursos desordenada y sin el control necesario del Congreso en razón del régimen legal de emergencia. Quizá esa crisis del federalismo tributario sea la más grave en el orden institucional y por ello figura entre las observaciones fundamentales que los organismos financieros internacionales plantean a la hora de normalizar sus relaciones. Sus efectos golpean sobre la seguridad jurídica, pero no se advierten en las preocupaciones de la clase política; al menos, en el contenido de sus discursos electoralistas, donde la cuestión está ausente. Así como en el orden individual buena parte de nuestra sociedad se acostumbró a exigir derechos, desatendiendo los deberes, las provincias demandaron fáciles recursos a la Nación sin advertir el riesgo para sus autonomías federales, cada vez más evidente. Debe entenderse, pues, que es indispensable corregir tan graves desvíos para recuperar los valores históricos de nuestra organización nacional.