Fin: descendiente semiculto del latín "finis", que significa "límite". (Breve diccionario etimológico, de Corominas).La última expresión de anhelo institucional del gobernador José Alperovich, referida a que la Corte Suprema debería convertirse en un poder asesor de su administración, termina de exponer la falla en la concepción republicana de Gobierno de la que adolesce esta gestión.
Esta nueva manifestación del mandatario completa una trilogía que tuvo su primer capítulo el 25 de agosto, cuando afirmó que el superior tribunal era un poder político. El segundo episodio ocurrió con posterioridad al fallo del pasado viernes 2, que frustró la elección de constituyentes convocada para el 23 de octubre. "Que quede claro: si la Corte no quiere que se reforme la Constitución o que yo no siga como gobernador; no me hago drama, ya que mi vida pasa por otro lado", afirmó el pasado lunes 11.
Pareciera que no se concibe a la Justicia como un poder autónomo e independiente. Y que tampoco se advierte que la Corte no hace las leyes, sino que se encarga de que las leyes se cumplan. Se ocupa, concretamente, del control de constitucionalidad de las normas. Es decir, de resguardar la Carta Magna.
Montesquieu ilustraba cómo funcionaba la división de los poderes en los hechos, a partir de la asignación de facultades específicas para cada pata del sistema. Con una simpleza que rayaba lo tautológico, enseñaba que:
El poder que dicta la ley (hoy, el Legislativo), no la ejecuta ni la interpreta.
El poder que ejecuta la ley (el Ejecutivo), no la interpreta ni la dicta.
Y el poder que la interpreta (el Judicial) no la dicta ni la ejecuta.El fin del sistema republicano también es ponerle límites claros a los poderes.
En contraste, las declaraciones y de las acciones del Gobierno dan la impresión de que estos corsés resultan muy incómodos para los inquilinos de 25 de Mayo y San Martín. La vocación por dictar leyes está demostrada en el record de decretos de necesidad y urgencia, emitidos sin necesidad y sin urgencia, en lugar de apelar al camino institucional de remitir proyectos de leyes. También ha quedado de manifiesto en los vetos contra normas consensuadas por los legisladores, que en menos de dos años superan en número a todos los que dictó Julio Miranda durante toda su gestión.
Luego, la voluntad del Ejecutivo por determinar el sentido de la ley ha quedado expuesta en su enojo cuando, hace cuatro viernes, la Corte interpretó de manera distinta lo que la Constitución manda de manera diferente a la lectura que le interesaba al oficialismo.
En rigor, Alperovich chocó contra la Corte a poco de asumir la gobernación. La decisión de destruir el Consejo Asesor de la Magistratura -un golpe demoledor a la calidad institucional- no habría surgido del Ministerio de Gobierno sino del propio gobernador. Desde esa cartera relataron que el detonante fue una entrevista de LA GACETA (publicada el 14 de diciembre de 2003) al entonces presidente del tribunal, Antonio Gandur. En ella, advertía que el cuerpo podría dejar de integrar el CAM si era modificado de manera arbitraria, tal como amagaba el Gobierno. Alperovich habría dicho entonces que a él la Corte no le doblaría el brazo 45 días de llegar al Gobierno. Y se desmanteló el organismo por el cual lo jueces ya no eran propuestos desde los despachos de Casa de Gobierno.
Confundir la defensa del CAM con un asunto personal, o a la tarea de la prensa independiente con el accionar del terrorismo, es propio de una provincia en la cual también la oposición ha tergiversardo su papel. En su mayoría, los partidos no oficialistas se convirtieron en órganos de gobierno que sólo emiten comunicados críticos, que no tardan en ser desautorizados por el modo en que sus representantes votan en concejos deliberantes y en parlamentos.
Frente a este cuadro, resulta inquietante la polémica percepción que el mandatario tiene de Tucumán. Ayer dijo que, en su opinión, "es una mierda". En latín, de ese vocablo ( que en aquella lengua se escribía sin "i") derivaba exemerdare: "quitar la inmundicia". Justamente, sanear la provincia es una tarea de las instituciones. Pero la faena no empezará mientras no se las respete.
