Las irregularidades electorales

Las irregularidades configuran en nuestra vida política una sombra ominosa que impide la transparencia de sus actos. Irregularidades que no sólo consisten en el olvido o en la violación de las reglas normativas, sino en las prácticas que desdicen de la ética hasta el punto de afectar la autoridad moral de quienes sirven a la sociedad. La palabra exacta con que el diccionario oficial de nuestra lengua define esa condición es bastardía, en su segunda acepción: "Dicho o hecho que desdice o es indigno del estado u obligación de cada uno". Pero lo grave de la circunstancia es que esas conductas públicas son frecuentemente ostensibles y hasta se trata de legitimarlas menospreciando sin reservas el valor de los medios para alcanzar los fines.
Un ejemplo singular es lo que está ocurriendo en la provincia de La Rioja, donde la mayor empresa -la Curtiembre Yoma, con 1.500 empleados- se halla al borde de la quiebra por causa de su endeudamiento con el Banco de la Nación Argentina. En tal circunstancia, sus propietarios han advertido que podrían abandonarla cediendo su administración a la Justicia, ante la resistencia de la banca acreedora.
La antigua vinculación familiar con el ex presidente Menem -sostiene la familia Yoma- sería la causa oculta de los problemas.
Alarmado por esa posibilidad, el gobernador de la provincia, Angel Maza, quien abandonó su militancia menemista adhiriéndose al presidente Kirchner, acudió al Gobierno nacional para impedir el colapso de la curtiembre.
En plena crisis y ante el temor a tan elevado desempleo, el vicegobernador, Luis Beder Herrera, ha explicado el motivo por el cual Maza abandonó su fidelidad al ex presidente, ahora candidato a senador, optando por su alianza con Kirchner: "Si nosotros no hubiésemos tomado la sabia decisión de apoyar al Presidente, ¿con qué cara iríamos a buscar amparo al Banco de la Nación, si estamos en contra de las autoridades nacionales?" El vicegobernador dio así el testimonio más elocuente de compraventa de apoyos políticos que está matizando la campaña electoral del oficialismo.
Decenas de intendentes y no sólo el gobernador de La Rioja canjean sus militancias por recursos públicos sin rendición de cuentas, que se reparten en actos proselitistas donde el presidente Kirchner demanda adhesiones para el Congreso, "cualquiera sea el partido" de quienes lo escuchan, como ha dicho recientemente en Corrientes. Fondos que nada tienen que ver con la ley 25.610, que regula el financiamiento partidario, ni el artículo 64 del Código Electoral cuando dispone que durante la campaña electoral "la publicidad de los actos del gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales".
La experiencia de la Justicia ha obligado a extremar los controles en cuanto al financiamiento partidario, y como consecuencia de ello se ha podido determinar que tan sólo el 30% de los partidos concurrentes a las urnas en 2003 presentaron informes completos y en término. Sin embargo, el fuero federal con competencia electoral no ha dado hasta el momento muestras de inquietud por esos públicos testimonios oficiales de marginación del sistema de financiamiento electoral.
Tampoco los ministros y los funcionarios que participan en actos con tales modalidades, especialmente el jefe del Gabinete y el ministro del Interior, han podido explicar dónde comienza y dónde termina el espacio público de esas actividades que, por añadidura, violan las reglas de igualdad y transparencia de las campañas electorales. Tan graves irregularidades y testimonios están impidiendo, así, que los comicios contribuyan a la restauración de nuestros valores republicanos.