Causas sobre drogas

En nuestra edición de ayer, dedicamos una amplia nota al singular problema creado por las causas judiciales sobre droga en Tucumán. Como se sabe, existe una ley del Congreso que establece que la investigación de los delitos vinculados con estupefacientes a menor escala, dejarán de ser de jurisdicción federal y pasarán a la provincial. Pero los fiscales penales de nuestro foro preparan un documento mediante el cual pedirán al Gobierno que no se adhiera a la referida norma.
De acuerdo con lo que trascendió, alegarán su falta de preparación para atender los casos de esta índole, ya que, además, tendrán que hacer seguimientos a los consumidores personales, tarea que les resulta, dicen, imposible de asumir por la cantidad de trabajo que ya tienen. A la vez, habría dudas sobre el adiestramiento de la Policía para encarar por sí sola -es decir, sin el concurso de la Federal ni de la Gendarmería- estas cuestiones. Por otro lado, les inquieta el tema de las competencias, ya que deberán ocuparse de los casos donde se descubran escasas dosis de droga, así como de la comercialización a menor escala -sin que exista una clara tipificación de esto-, ya que el narcotráfico y la venta en gran cantidad seguirán en manos de la Justicia Federal.
Una mirada al asunto, por superficial que sea, está demostrando que estamos ante lo que podríamos llamar una zona gris, donde no se ha diseñado la adecuada intervención de la ley. De acuerdo con lo que nuestra nota consigna, la Justicia Federal recibe, cada día, por lo menos una causa por droga, lo que abre un proceso en cuyo transcurso el Estado gasta alrededor de $ 2.000. El caso generalmente se refiere a un consumidor, contra quien se dictan medidas curativas o educativas y, si se rehabilita, el expediente queda archivado a los seis meses. Todo esto representa una erogación estatal de por lo menos $ 60.000 mensuales, cuyo provecho no parece demasiado evidente.
La lucha contra la droga debe, por cierto, enfocar enérgicamente el tráfico de sustancias ilegales con toda la amplitud que ese lamentable fenómeno merece. Pero la tarea de prevención es lo que resulta fundamental, y el sistema actual no pareciera satisfacerla como corresponde. Nos parece que sería la hora de concretar un replanteo sustancial de una cuestión acerca de cuya importancia sería ocioso exponer argumentaciones.
Las normas deben tener la máxima precisión y el máximo ajuste, en este como en todos los terrenos. Por lo que fluye de la queja de los fiscales, el punto no ha sido considerado desde todos los ángulos que deben tenerse en cuenta. No parece muy convincente ese criterio de que la jurisdicción será provincial cuando la droga sea poca, y federal cuando sea mucha. Tampoco pareciera que las actuales estructuras policiales y judiciales tucumanas estén preparadas para un cometido como el que echaría sobre sus espaldas la eventual adhesión a la legislación nacional, si bien existe en la Policía provincial un área específica dedicada a la lucha antidrogas.
Se trata, entonces, de un asunto que debiera ser estudiado, tanto en el Congreso de la Nación, como en los organismos judiciales provinciales. El hecho de que cada detención represente un gasto de la magnitud referida, para que no se llegue a nada, está mostrando la necesidad de ceñir las normas, que deben ser lo suficientemente idóneas para operar con eficacia, en un sector ambiguo de la problemática de los estupefacientes.Acaso esta sea la ocasión para abocarse resueltamente a ese tema. Por de pronto, la inquietud manifestada por los fiscales está demostrando la necesidad de que se proceda a correcciones y modificaciones. Obvio es decir que, para que ello ocurra, deben tenerse objetivos lo suficientemente claros.