Política global sobre accidentes

Los últimos accidentes de tránsito en carreteras hacen necesario volver una vez más sobre tal tema, que, sin duda, debe ser el que con más frecuencia ocupa espacio en este comentario. La información periodística, con sus crónicas y sus desgarradoras fotografías, ilustra sobradamente acerca de lo que representan estas colisiones. Pérdidas de vidas de toda edad o secuelas de daños físicos irreversibles son la consecuencia de episodios que se suceden con una asiduidad frente a la cual la población y el Gobierno no pueden permanecer insensibles.
En muchas oportunidades hemos analizado la cantidad de situaciones de riesgo que, provenientes de diversos ángulos -especialmente de los conductores- se conjugan para transformar en catástrofe un recorrido por las rutas, sobre todo la 38. Del mismo modo, hemos apuntado que un fuerte contralor policial en sitios estratégicos podría modificar de manera positiva la realidad de referencia.
No puede negarse que, de parte del Estado, se ha producido una respuesta con la creación de la Policía Vial, encargada de ese cometido. Pero, si a pesar de la actividad de este cuerpo, los percances siguen ocurriendo, quiere decir que los controles se ven superados por la realidad. Pareciera entonces que debe operarse también, simultáneamente, sobre otras situaciones que se hallan en el trasfondo de los accidentes. Para que esto se produzca con eficacia, hay que dejar de lado las campañas esporádicas (que suelen durar lo que duran la estadía o el entusiasmo de un funcionario), para pasar a diseñar una política de Estado referida a tales situaciones. Esa política debe involucrar tanto al Gobierno provincial y a la Policía como a los municipios y comunas de todo el territorio provincial.
Mucho pueden hacer las jurisdicciones del interior, para terminar con la circulación de rastras cañeras sin condiciones de seguridad, de carros, de automotores inseguros, etcétera. Además, puesto que, como dijimos arriba, la acción del conductor tiene protagonismo clave en esos sangrientos sucesos, debe actuarse a fondo sobre tal punto.
Es conocido, por ejemplo, que el otorgamiento de los registros de manejo, en muchas comunas del interior, se realiza con negligencia, sin una adecuada valoración de la aptitud y condiciones del candidato. No ocurriría lo mismo si un rubro tan importante se unificara, además de adecuarse rigurosamente con las exigencias que estipula la Ley de Tránsito. Existen sobrados ejemplos de cómo, en otras latitudes, se han logrado resultados concretos -de esos que nosotros parecemos incapaces de obtener- en materia de seguridad vial. En Europa, la campaña del cinturón del conductor se inició en 1985, y se aplicó férreamente, con multas, hasta que quedó generalizado el uso de ese elemento.
En Francia, desde 1990 -y también en otros países- se ha extendido la obligatoriedad del cinturón para quienes viajan en el asiento trasero de los vehículos. Entre nosotros, en cambio, se insistió un tiempo con la prescripción, que luego quedó olvidada. Y qué decir de lo que ocurre con el casco de motociclistas, cuyo uso es realmente excepcional, como lo han hecho notar nuestros comentarios en más de una ocasión.Aquí, se trata de que el Gobierno organice la acción conjunta que mencionamos arriba. Repetimos: una verdadera política de Estado, algo con sentido y alcance globales, que tenga continuidad y que establezca metas a cumplirse: es decir, un concreto porcentaje anual de disminución de accidentes, a fin de reducirlos al mínimo en un plazo de pocos años. Creemos que de ese modo podrá motorizarse algún cambio en un panorama cuya modificación, hasta el momento, dista de advertirse.