Una simple mirada a la situación socioeconómica del país nos permite plantear algunos interrogantes: ¿dónde está la redistribución de la riqueza? o ¿ hacia dónde el Estado asigna el gasto público?
En Tucumán, la brecha económica entre el 10% más rico es de 30 veces los ingresos del 10% más pobre. Aún más; sólo en el aglomerado urbano Gran Tucumán-Tafí Viejo, el 48,8% (10 puntos porcentuales más que el promedio nacional) de los 769.000 habitantes no puede reunir los $ 217,62 mensuales per cápita para pasar la barrera de la pobreza. Aunque una persona en esa condición social puede convertirse en uno de clase media con sólo obtener una mejora de entre $ 5 y $ 10, en la provincia todavía hay bolsones de pobreza estructural, es decir, que aun con subsidios estatales no podrán acercarse si quiera a reunir el dinero suficiente para poder alimentarse. Y allí surgen los cuestionamientos que efectuaron diversos economistas: ¿cuáles son las prioridades en la asignación del gasto público? y ¿qué acciones debería emprender el Estado para que los casos de pobreza no se conviertan en escándalos?
Si tomamos en cuenta el proyecto de Presupuesto 2006 de Tucumán, podríamos decir que, por cada habitante de este bendito suelo, el Estado gastará $ 2.145,64 durante el próximo ejercicio. Si a esa cifra la comparamos con la que se proyectó para principios de año, podríamos llegar a decir que la erogación per cápita anual subió casi $ 585.
Hasta ahora, el Gobierno provincial sólo ha previsto que la mayor asignación de las erogaciones para 2006 (un 37% superior a las previstas a inicios de este año) se orientará a fomentar la obra pública, generadora de empleos, y al pago de los servicios de la deuda. Más aún, casi el 45% del gasto ya está comprometido para atender el pago de los salarios de los empleados públicos.
Habrá un mayor reparto de recursos en áreas como salud y educación. Pero nada se dijo aún respecto de cuánto se destinará a la asistencia social. Es allí donde deben fijarse las prioridades si es que el Gobierno quiere disminuir, paulatina y seriamente, el ejército de pobres que, en el aglomerado urbano, superan las 370.000 personas.
De otro modo, los indicadores socioeconómicos seguirán siendo elevados y todo lo que se haga en la coyuntura será identificado por la sociedad como un parche (llámese entrega de bolsones, de chapas o de casillas).
La inflación seguirá merodeando como un fantasma por los hogares pobres. La mayor parte de sus jefes son asalariados no registrados, es decir, trabajan en negro. Por esa razón, más allá del argumento oficial de que descendió la cantidad de pobres por los reajustes en los sueldos, esa franja social no recibe aquel beneficio y, por lo tanto, es el sector más castigado por el incremento o reacomodamiento del precio de los alimentos.
Si tomamos como base las estadísticas oficiales, podríamos decir que el incremento que experimentó la inflación en Tucumán llevó a que cada habitante pobre requiriera, en junio pasado, $ 10 más que en enero para poder alimentarse. Así, habrá siempre fluctuaciones respecto del cálculo de la población por debajo de la línea de pobreza.
La generación de empleo registrado y la lucha contra la pobreza puede encontrar un primer camino de solución con una reforma en la política tributaria local, de tal modo que sea lo más equitativa posible. En ese contexto, las cargas impositivas tendrían que estar de acuerdo con el nivel de ingresos del contribuyente y no disponer subas generalizadas de alícuotas que castigan más a los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde este punto de vista, la falta de una acción decidida del Estado no hace más que castigar a los pobres que, en definitiva, son los que terminan pagando los platos rotos.
