La crisis de Aguas Argentinas

La dura y compleja negociación del Gobierno nacional con la empresa francesa Suez, concesionaria mayor de Aguas Argentinas, está dejando una excepcional experiencia sobre la forma en que el Estado debe manejar sus relaciones en sectores donde se ponen en juego intereses generales. En este caso, los servicios de agua potable y de cloacas del conglomerado urbano metropolitano, constituido por más de diez millones de usuarios. Las consideraciones no conciernen tanto a las modalidades y a la ejecución de un contrato suscripto hace doce años -que dejan bastante por desear- cuanto a la forma ruidosa y por momentos confusa con que ha transcurrido la frustrada renegociación del mismo. Unas tratativas donde, por último, no sólo la empresa Suez ha resuelto abandonar la concesión, sino también cuatro de las cinco que la acompañan, con abstención en la asamblea de accionistas del sector de empleados; todo lo cual ha derivado la negociación al plazo en el que deberá mantener sus prestaciones la concesionaria mayor para no interrumpir la continuidad del servicio. El tortuoso debate sobre tarifas, inversiones por realizar y deudas anteriores de la empresa estatal que precedió a Aguas Argentinas ha pasado a girar, en consecuencia, al tema más urgente de mantener en pleno funcionamiento la concesión. Es decir, si 90 días hábiles, como pretende la concesionaria, o 12 meses, como sostiene el Gobierno, invocando ambas partes el contrato en crisis.
El desenlace de la negociación parece haber sorprendido al Gobierno, de acuerdo con las urgidas alternativas que sus portavoces hicieron públicas, entre las cuales aparece con claridad que no es intención oficial estatizar nuevamente los servicios en discusión. Tanto es así que en su reciente encuentro con el primer ministro español, el presidente Kirchner dejó entrever el deseo de organizar una nueva concesión con Aguas de Barcelona, empresa que precisamente es una de las que decidieron poner fin al contrato actual. Mucho indica, pues, que las relaciones de las partes han entrado en un azaroso período de dificultades, donde deberá extremarse la capacidad negociadora requerida por la complejidad del problema y los intereses en juego. Esa capacidad implica que el tema no debe ser parte de las rispideces de los discursos proselitistas en las tribunas electorales, generalmente perturbadoras de las relaciones entre las partes. En ese orden no pueden menos que señalarse las alusiones del presidente Kirchner a propósito de la empresa concesionaria de aguas, señalando que si pretendía irse del país que lo hiciera, agregando que "el pueblo sabrá qué hacer", en tanto se negociaban alternativas entre las partes.
Los contratos de servicios públicos, especialmente el de Aguas Argentinas, por su extraordinario volumen de compromisos en obras y mantenimiento, conforman acuerdos de largo plazo, es decir, muy superiores en el tiempo a la duración de un gobierno y, por consiguiente, son parte de las políticas de Estado. Por esa razón, la participación del Congreso en sus formulaciones y eventuales reestructuraciones es del todo imprescindible, lo que no ha ocurrido debidamente en este caso, como tampoco en otros de la misma naturaleza, para cuyos acuerdos se apeló a la sanción ficta o tácita que prohíbe la Constitución nacional. No se trata, pues, de cuestionar las posiciones oficiales ante puntos específicos del contrato de marras, sino los modos inapropiados e institucionalmente cuestionables que, inevitablemente, afectan la imagen del país y ponen en tela de juicio su seguridad jurídica. Condición esta imprescindible para satisfacer los requerimientos de inversiones estables y de largo plazo, en las que precisamente el propio Gobierno nacional hace hincapié para el crecimiento sostenido de la economía.