La eliminación de la Fiscalía Anticorrupción parece un terremoto, porque da una primera idea de que no se quiere investigar los casos de corrupción. Pero la decisión de la Corte Suprema tiene aristas que dan lugar a interpretaciones de crítica y de aceptación. Y genera muchas preguntas.
La primera impresión es mala. Ya fuera con el mediático ex fiscal Esteban Jerez o con el huidizo y silencioso Pedro Gallo, la idea de que exista una dependencia judicial dedicada específicamente a luchar contra la corrupción da la imagen de que hay una decisión especial de poner atención a uno de los delitos menos investigados y que prácticamente no han derivado en condenas a funcionarios públicos por daños al erario. Al menos, no en Tucumán. En el país, sobresalió en los 90 la condena al ex concejal porteño José Manuel Pico.
Después, en general, las causas contra funcionarios tienen largo trámite y lejano final. La gente tiene la convicción de que si hay funcionarios públicos que roban, saldrán indemnes, a menos que haya una decisión del poder político de cargar contra ellos. Y el ministro fiscal, Luis De Mitri, explica que no hay que creer que una sola persona puede acabar contra la corrupción, sino que tiene que haber una decisión de los tres poderes, con medios materiales y humanos.
Y acá va una primera pregunta. ¿Por qué cayeron las denuncias por corrupción a 10 por mes, a tal punto de tornar innecesaria para la Justicia la tarea de una fiscalía específica? Quizá se deba al estilo apagado del fiscal Gallo, que hizo creer a la gente que no se investiga. De Mitri reconoce esta posibilidad. Otra hipótesis es que tal vez haya la impresión de que la mayoría oficialista en la Legislatura no permitirá cargar contra los funcionarios del Gobierno actual. Cualquiera sea la respuesta, suena por lo menos curioso que en un medio en el que cada vez hay más denuncias (en una fiscalía ordinaria entran 1.000 causas por turno de 14 días), las presentaciones por corrupción disminuyan. Ni el mismo ministro fiscal cree que la sociedad tucumana y el Estado se han vuelto más transparentes y están libres de coimas. Sobre todo, si se observa que seguimos sin tener condenas por corrupción.
La segunda pregunta es si los otros fiscales, saturados de expedientes, podrán hacerse cargo de estas causas complejas. El ministro fiscal responde que se les dará elementos de trabajo. Esto, de hecho, pondrá a prueba a los cuatro fiscales nombrados según el sistema ideado por el gobierno de José Alperovich y su ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. De Mitri dice que se hará un control informático del avance y del tratamiento de las causas anticorrupción.
La tercera pregunta es si este sinceramiento de la Corte Suprema implica una convicción de que los fueros especiales no son beneficiosos. ¿Le quitarán al fiscal Guillermo Herrera las causas por abigeato? ¿Y al fiscal Alejandro Noguera, la investigación de los casos en que intervienen menores?Más allá de la decisión de la Corte, se impone el análisis de esta experiencia de cinco años que ha dejado interrogantes que no se resolvieron. ¿Fue eficaz Jerez con su estilo explosivo, que dio lugar a que hubiera 400 causas? ¿Le faltó capacitación? ¿Existió la quinta columna de jueces que -según dijo- le impedía investigar? ¿Fue ineficiente Gallo con su estilo de silencio y su "limpieza" de las causas dejadas por su antecesor? Sólo la tarea de los otros fiscales permitirá descubrirlo. Y el ministro fiscal será el responsable de que esto se conozca. De hecho, desde lejos suena curioso que el gobierno de Julio Miranda -que resultó el más denunciado por casos de presunta corrupción- haya sido el creador de la fiscalía. Y también, que en el de Alperovich, que es el que más dinero ha manejado en las últimas dos décadas, se suprima esta dependencia. Demostrar que no es una casualidad será todo un desafío.
