El transporte ilegal

Como lo hemos informado, respecto de la ordenanza del auto rural en nuestro medio, dista de haberse instituido un sistema que en la realidad funcione. Es la conclusión a la que llegaron los miembros del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, quienes anuncian que propondrán las correspondientes reformas.
Varios problemas existen en torno de esas disposiciones. La parada sobre las calles vecinas al Predio Ferial Norte ha desencadenado la justificada protesta del vecindario de esa área, que teme que se transforme en "zona roja" por esta presencia, a la cual estiman generadora de antihigiene y de desorden. Por otro lado, los choferes ilegales quieren tener libertad para levantar pasajeros en todo el trayecto, como también para detenerse donde se les ocurra y no en un lugar fijo. Ello, en un contexto general de desacato, ya que, como es sabido, sólo un mínimo de choferes ingresó en la normativa, mientras el resto -calculado en varios miles- continúa circulando por las calles y levantando a pasajeros en cualquier parte, en unidades generalmente desvencijadas e inseguras.No sabemos qué modificaciones propondrán los concejales para esta polémica ordenanza, y tampoco es nuestro cometido sugerirlas. Pero lo que parece evidente es que el régimen que se implante en definitiva, cualesquiera que sean sus estipulaciones, deberá partir de una base elemental. Nos referimos a que pueda ser efectivamente aplicado, y a que se use el poder del Estado para impedir que se contravengan sus disposiciones. De otra manera, todo se convierte en mera teoría, y su discusión representa sólo una pérdida de tiempo.
Como lo hemos dicho otras veces, en el trasfondo de la cuestión se agitan otras. Una arranca de varios años atrás: es el hecho de que el poder público, cuando se inició la modalidad del transporte ilegal en nuestras calles, no encaró la cuestión de modo frontal, por medio del dictado de normas y el control de su observancia. Se prefirió mirar al costado e insinuar algunos parches, con lo cual la práctica de referencia se transformó en un "modus vivendi" cada vez más difundido. Esta difusión es lo que, precisamente, hace difícil ahora un encuadre legal, capaz de conformar a quienes se han acostumbrado a obrar a su total capricho.
La otra cuestión, que tampoco puede desconocerse, es que el negocio del transporte ilegal ha crecido también como consecuencia de la insuficiencia del transporte público en varios rubros. No puede negarse que la extraordinaria difusión de la ilegalidad, obedece a que esos automotores que circulan fuera de la ley, representan, efectivamente, una solución para el traslado de una gran cantidad de personas. Inclusive, hay muchos puntos desde los cuales ese medio es el único al alcance del ciudadano.
Todo esto debe tenerse en cuenta, a la hora de tomar decisiones sobre el espinoso asunto. Parece obvio decir que no puede continuar el estado actual, donde a cualquiera que desee ganar dinero, le basta con anudar una cinta a la antena y empezar a recoger pasajeros, sin estar sujeto a normativa alguna de la autoridad, e independientemente del estado de su vehículo. Hay allí una situación de riesgo para el pasajero, que el Estado no puede ignorar.
Pero, como decimos al comienzo, la misma índole del asunto hace que no se lo pueda resolver con ligereza. Es un tema que debe estudiarse, con la participación de todos los involucrados. Pero parece imposible lograr un régimen que satisfaga a quienes, en realidad, no quieren sujetarse a régimen alguno. Por ello es que, cuando se reforme la ordenanza, la prioridad será hacerla observar, sin contemplaciones, en absolutamente todos los casos. No parece haber otra vía.