La historia es vieja. Cuenta las desventuras de un granjero pobre, que vivía hacinado en un rancho con su familia, sus padres y sus suegros. Y le pide consejo a su abuelo, quien le recomienda que meta dentro de la casa a su única vaca. A la semana siguiente, el granjero visita otra vez al anciano y le dice que la situación se había tornado insoportable. El viejo le sugiere, entonces, que pruebe con sacar a la vaca. Siete días después, su nieto era otro hombre. Ahora, sin el rumiante en la vivienda, su situación era formidable. Nunca se había sentido mejor.
La discusión sobre la reforma constitucional, hoy, se parece demasiado a ese cuento. Basta con reparar en la evolución del discurso oficial sobre el tema.
En 2004, el gobernador José Alperovich manifestó que un nuevo digesto solucionaría los problemas de salud, educación, trabajo y seguridad del pueblo. Luego, reconoció que un nuevo texto constitucional no era el remedio para esos dramas. Siguió el eslogan de que había que plasmar en la Ley de Leyes un nuevo modelo de provincia. Nunca se conocieron los planos de esa arquitectura. De hecho, este Gobierno (al igual que el que lo precedió, y que sancionó una sospechada ley para cambiar toda la Carta Magna) tampoco comunicó cuáles son las normas constitucionales que frenan el crecimiento. Finalmente, desde canchas de bochas donde organizaron debates reformistas, reeditaron la excusa preferida: Tucumán no puede seguir teniendo una Constitución bussista. Un eufemismo sagaz, que lleva cualquier debate a un pantano ideológico. Pero que no logra ocultar que la gran objeción -la verdadera- de esta gestión es que no está habilitada la reelección consecutiva.
De modo que, en los términos del relato del granjero pobre, tras el retorno de la democracia, el digesto de 1907 ya no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces irrumpió la Carta Magna del 90, que viene a ser la vaca que molesta. Y ahora hay que sacarla, para que todos sean felices, aunque nadie, desde el oficialismo, haya dicho qué se hará para mejorar la situación de Tucumán.
El parecido entre la ficción del agricultor empobrecido y la realidad del paupérrimo subtrópico radica, también, en que en ninguno de los dos casos hay un análisis sobre la situación de los personajes. Menos aún, propuestas superadoras.Precisamente, el alperovichismo se apresta a cumplir dos años en el Gobierno, y aún no dio un diagnóstico sobre la provincia. Según un sector del Ejecutivo, el Gobierno no hace público su análisis de la situación provincial porque no quiere ponerlo en discusión. Otra fracción reconoce, en cambio, que sólo se tiene la mera estadística sobre el presente provincial. Desde allí resta aún mucho trecho hasta el diagnóstico real. Y sin él, no es posible anticipar la terapéutica para recuperar a la provincia.
Esta misma orfandad de propuestas domina el panorama reformista. La incertidumbre respecto de lo que debe hacerse es tal que ni se sabe cuándo se hará la elección de constituyente, puesto que un nuevo traspié judicial tiene serias posibilidades de hacerse realidad.
El problema es que si sólo se gobierna la coyuntura, cualquier nuevo texto constitucional será, irremediablemente, una receta efímera. Una más.
Justamente, Alberdi refería que el progreso no necesariamente radicaba en el cambio "(porque) no es otra cosa que la seguridad de la vida, de las personas, del honor, de los bienes". En definitiva, consiste en la vigencia de las instituciones. Y de la Constitución, como compendio de ellas. La calidad institucional no progresa en Estados abocados a reformar las leyes antes que a cumplirlas.
Este postulado enfrenta, de un lado, a la gran obra pública proyectada por esta gestión (Lomas de Tafí, adjudicada de manera directa), contra el artículo 10 de la Carta Magna: "Toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible de licitación, deberá hacerse precisamente en esta forma". Más cabal que la regla es la única excepción admitida: razones especiales reclamadas por el bien público. "Y el bien público -sintetiza el abogado Manuel Valeros- es el afianzamiento de las instituciones".
El progreso llegará cuando las políticas oficiales pasen a través de las instituciones y no por encima de ellas.
