Comenzar por el final

El proyecto de ley de financiamiento educativo que impulsa el Gobierno nacional obligará a las provincias a recalentar las calculadoras y a replantearse metas de calidad. Sucede que, si bien en el sector educativo nadie duda de la necesidad de homogeneizar el desigual mapa de la Argentina, la iniciativa -que hoy comenzará a ser discutida en comisiones en el Senado- fija más obligaciones que derechos para los estados provinciales. En el Gobierno se proponen llegar -en forma escalonada- al 2010, con un presupuesto educativo que signifique el 6 % del PBI (el actual es del 4,5 %), y habiendo extendido la escolaridad obligatoria. Pero lo que genera crispación en los gobiernos provinciales es cómo se repartirían las cargas de semejante esfuerzo financiero. En el esquema propuesto por la Nación, cada provincia debería aportar el 60 % de fondos coparticipables, mientras que el Gobierno central aportaría el 40 % restante.
La oposición parlamentaria y algunos gremios ya han disparado cuestionamientos en varias direcciones. Por un lado, subrayan que es inútil diseñar un proyecto de financiamiento sujeto al destino de los fondos coparticipables si no se aprueba antes la ley de coparticipación federal. Por otra parte, desde la comisión de Educación del Senado, Delia Pinchetti apunta contra el ministro de Educación, Daniel Filmus. Como muchos, la parlamentaria de FR opina que antes de definir cómo se financiará la educación hay que rediscutir el mapa educativo de la Argentina. En otras palabras, que no hay que empezar por el final, sino por el comienzo. Recuerda Pinchetti que en 2004 senadores de distintas bancadas impulsaron la reforma de la ley Federal de Educación, y que la iniciativa fue rechazada por Filmus. Cada vez que en la Argentina reaparece la idea de discutir la cuestión educativa, sobrevuela el fantasma del Congreso Pedagógico, que en los años 80 reeditó en la Argentina la polémica laica vs. libre.
Sin embargo, si bien el debate no se ha institucionalizado aún, la realidad se ha impuesto. La evidencia, en ese punto, la ofrece el distrito más poblado de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, donde el Polimodal está en terapia intensiva. Se sabe que en el Gobierno nacional hay ánimos de revisar la ley federal educativa, aunque evalúan que la coyuntura -este tiempo electoral- no es la propicia.
De todos modos, el incremento en la carga presupuestaria para las provincias no es el único factor que inquieta. En el proyecto que Filmus presenta hoy en Senado se establece, además de la redistribución de los montos coparticipables, un fondo transitorio (sostenido con el aumento de recaudación de impuestos coparticipables) que irá a reforzar el sistema educativo. Pero el beneficio no será parejo, ya que depende del cumplimiento de una serie de indicadores, como la participación de la matrícula de cada provincia en el total nacional; incidencia de la ruralidad en el total de la matrícula de cada provincia y porcentaje de escolaridad de la población de 3 a 17 años en el total de cada distrito.
El Gobierno tuucmano evalúa el proyecto en el Consejo Federal de Educación, con los representantes de las provincias del Noroeste. Por ahora, no abren opinión sobre la ley que impulsa Filmus; pero anotan en su favor el crecimiento de la EGB3 en el sistema (hay casi 400 colegios, sobre 100 iniciales) y el aumento del presupuesto educativo, que ha trepado del 20 al 27 % , tras la sanción de la ley provincial de educación. Sin embargo, ese crecimiento ha generado este año problemas de infraestructura y demoras para cubrir los nuevos cargos docentes. Y nada hace prever que el año próximo será más calmo, si, como se sospecha, se abre el debate sobre qué sistema educativo se pretende para esta Argentina tan desigual. Que es, en realidad, la discusión que debería estar dándose ahora.