Cuando los jueces incomodan a los políticos

La jueza Carmen Argibay, hace algunas jornadas, deslizó reflexiones que en otras latitudes serían auténticas perogrulladas. A nadie se le ocurriría pensar en las democracias consolidadas de Occidente que el judicial es un engranaje del aparato estatal cuya misión sería trabar los planes políticos de la rama ejecutiva. Se le mira, por el contrario, como el dique natural de contención a los excesos del poder político.
En la Argentina se pone en entredicho esa construcción institucional. En Tucumán esa percepción está muy arraigada. Pues bien, Argibay, que es ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmó que los "jueces deben animarse a ser independientes". Les instó también a "resistir las presiones internas y externas" para que puedan proceder con independencia de "los poderes de turno". La jurista meditó de esa manera en un seminario sobre "Independencia del Poder Judicial", organizado por la Asociación Civil de Justicia Democrática, en Buenos Aires. El titular de la institución anfitriona, Jerónimo Sansó, planteó que "los otros poderes presentan la convicción absoluta de que el Poder Judicial puede ser un instrumento de política". Esas y otras disquisiciones de igual naturaleza bien podrían permanecer en el terreno de la teoría pura.
En Tucumán, sin embargo, forman parte de la práctica política cotidiana. El torrente de fallos y declaraciones inflamadas que hubo tras la inconstitucionalidad del decreto que citaba a elecciones de constituyentes para el 23 de octubre así lo atestigua. La relación entre la Casa de Gobierno y el mundo judicial es muy tirante. Acaso para mejorarla hablaron, sin testigos, José Alperovich y Alfredo Dato. Parece que el ministro de Economía, Jorge Jiménez, acercó a las partes en Buenos Aires. ¿De qué dialogaron? Las versiones difieren. Según algunos, la suerte de las leyes electorales y el proceder de la Justicia acapararon la conversación. Para otros, la ciudad judicial y la cuestión presupuestaria ocuparon a los comensales. Es razonable suponer, empero, que difícilmente hayan eludido referencias al complicado proceso previo a la asamblea constituyente.
La trama que viene pinta harto problemática. Los legisladores modificaron la ley de primarias abiertas de los partidos políticos para incluir en sus disposiciones a la elección de candidatos a convencionales constituyentes. De ese modo, se pusieron a tono con la sentencia de la Corte que trabó la elección de octubre. Sin embargo, el camino hasta las urnas está plagado de obstáculos. La resistencia a redistribuir por ley las bancas de las secciones capital y este en favor del oeste, preanuncia un problema que inexorablemente desembocará en Tribunales. La convocatoria que se haga por decreto sin ajuste a ese mandato constitucional corre el riesgo de ser invalidado por los jueces cimeros de la provincia. Alejandro Sangenis (h) hallará una nueva oportunidad para litigar con la Casa de Gobierno.
El eterno conflicto entre las conveniencias políticas y el acatamiento al Derecho generará fricciones de una intensidad difícil de calcular. Se acusará, otra vez, a la Corte de actuar políticamente, cuando ella se limita a ejecutar su misión de velar por la observancia plena de la Constitución. Las palabras de la ministra cortesana Argibay adquirirán, entonces, una viva realidad.

Las trabas
Es probable que en el Gobierno gane terreno el escepticismo acerca del final del proceso reformista de la Carta Magna. No obstante, el gobernador está cerca de escoger el segundo domingo de febrero para la celebración de la elección de constituyentes. Los cálculos preliminares de la Junta Electoral Provincial indican que se erogarían unos dos millones de pesos en la organización del acto comicial.
La Casa de Gobierno quiere aprovechar el efecto de arrastre que produciría una victoria que supone que será holgada en los comicios de renovación de diputados nacionales, el 23 de octubre. Por eso, barrunta que la elección primaria abierta debería realizarse alrededor del 11 de diciembre, o sea 60 días antes de la fecha indicada en febrero. En noviembre debería el congreso partidario definir con qué sistema seleccionará el PJ a sus postulantes. La ley Sáenz Peña le permitiría al alperovichismo imponer a sus dirigentes de confianza en las listas. El sistema proporcional abriría atajos a los opositores y tornaría ingobernable una hipotética asamblea constituyente. La disidencia peronista buscará que esto ocurra, pero la maquinaria alperovichista procurará imponer su mayoría en el congreso del PJ. Con todo, la ley autoriza a los partidos a adecuar sus cartas orgánicas en un plazo de 90 días. Bastaría que una organización política decida atenerse al plazo máximo para que la estantería del Gobierno se desplome ruidosamente y el decreto de febrero se empantane. La técnica legislativa conspira contra los apuros del alperovichismo. El oficialismo rehuyó el debate sobre los alcances de la reforma constitucional en la sede de la Federación de Entidades Profesionales Universitarios (Feput). Los panelistas Alejandro Sangenis, Ernesto Padilla, Osvaldo Cirnigliaro y Raúl Martínez Aráoz coincidieron en criticar la actitud evasiva del Gobierno.

La maquinaria avanza
A menos de 40 días de los comicios legislativos nacionales, la oposición se prepara para una desigual contienda con el empuje del aparato alperovichista. Los principales operadores del Gobierno tratan de desmembrar a los cuadros peronistas que rodean a Gumersindo Parajón (Pueblo Unido). El bussismo se resigna a ser la segunda fuerza, si no consigue revertir la tendencia de estos días. La inesperada confrontación interna que estalló en FR se superpone con la lucha electoral externa. El senador Ricardo Bussi y su equipo enfrentarán a la línea encabezada por José Luis Bussi. Las asperezas hacen presagiar que tras el acto electoral del 24 de octubre, en FR se disputará por el gobierno del partido, con vistas a 2007.