Desde el mismo momento en que se sancionó la ley del auto rural compartido, se sabía que la norma iba a fracasar porque adolece, al menos, de dos fallas de nacimiento: viola la Ley Nacional de Tránsito en lo que hace a la antigüedad de los vehículos y, a pesar de todas las facilidades que otorga a sus beneficiarios, apenas unos cuantos están en condiciones de adaptarse a las reglas dictadas para ellos. Según el propio director de Transporte de la Provincia, Ramón Bulacios, sólo podrían obtener permiso ahora 60 autos, sobre unos 1.700 supuestamente en condiciones de ser legalizados, a los que se agregan otros aproximadamente 6.100 que seguirán siendo piratas.
La falla de origen es lo que determinó que, de entrada, apenas sancionada la ley, se les otorgara 180 días para que adecuaran sus vehículos a los que no podrían cumplir: ellos querían que los dejaran trabajar para que, después de un plazo determinado, pudieran cambiar de modelo y con ello entrar en la precaria legalidad que les otorgaría la nueva norma. Pero la Ley nacional de Tránsito establece que ningún vehículo de transporte de pasajeros puede tener más de 10 años (y la mayoría de los remises "pirata" es de los años 80) y, con el mismo criterio, ninguna compañía de seguros puede dar cobertura para transporte de pasajeros a autos vetustos.
Ese es el motivo por el que hay tantos problemas en estos días en el tránsito capitalino. Lo que los piratas quieren a partir de la norma es que se reconozca toda la ilegalidad con que trabajaban. Que se les permita circular en autos viejos sin pagar seguros; estacionar en cualquier parte y hacer el recorrido que se les antoje. A fin de cuentas, sedujeron a sus clientes porque les dieron posibilidades de transporte que no podían darles las empresas de colectivos, obligadas a recorridos establecidos, paradas fijas y horarios determinados.
Ante semejante situación, no es raro que los inspectores de Transporte municipal se vean obligados a pedir auxilio policial para secuestrar apenas seis o diez autos truchos en medio de peleas callejeras y de tensiones hasta con los mismos pasajeros, que son rehenes de la crisis de un Estado que no ha sabido dar respuestas. Los pasajeros quieren viajar como sea, lo más cómodos posible, y no les importa si el auto rural es legal o no. Después de todo, también el transporte legal está lleno de excepciones que rozan la ilegalidad, arrancadas bajo presión a la autoridad, y en muchas localidades no existe, de modo que los viajeros dependen de los piratas.
Hace pocos días hubo un debate en el que el legislador Alejandro Martínez defendió su proyecto aduciendo que cubría un problema social y que daba solución a la crisis de transporte, mientras que el empresario Cristóbal Cazorla le refutó diciendo que habían hecho un traje a medida para la ilegalidad.
Los dos se equivocaron. No es un traje a medida para los ilegales, porque ellos no van a someterse a una norma que no contemple lo que quieren, y tampoco es una solución para un problema social, ya que pocos podrían beneficiarse con ella. La gran mayoría seguirá en la ilegalidad y obligará a las autoridades a una guerra permanente, en la que se agotan todos y pierde la comunidad, como perdió con la proliferación de taxis y de remises.
Los tucumanos, habituados ya a la sanción de leyes sectoriales, mal elaboradas y confusas, acaso descubran con esta norma que se fagocita a sí misma que el mayor riesgo que presenta es la inseguridad. Quizá los choferes pirata, en caso de accidente, puedan zafar del castigo, como parece que escapará Raúl Oyola, dueño del ómnibus ilegal en el que perecieron 49 personas en la cuesta del Totoral hace tres años. Pero la que pierde es la sociedad toda, a la que los legisladores y el Gobierno dicen representar.
