Al analizar los números del Presupuesto de Tucumán, el primer análisis que se puede efectuar es que el Gobierno se vio obligado a blanquear las cifras de este año para no caer en incumplimientos a la Ley de Responsabilidad Fiscal en el próximo ejercicio. Puede decirse que 2005 será el año de referencia para medir el comportamiento fiscal en la Argentina, estableciendo premios y castigos.
Tucumán, como otros distritos firmantes del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, tuvo que modificar, sobre la marcha, sus cálculos de gastos y de ingresos. De otra manera, no podría explicarse que la ejecución presupuestaria para este año (estimada a tres meses y medio del cierre del ejercicio) contenga gastos totales por $ 2.600 millones y que, para 2006, las erogaciones sólo suban un 7,33%, adecuándose, así, a las pautas acordadas con la Nación (no más de un 15%).
Si se toma como referencia el proyecto original del Presupuesto 2005 (cerca de $ 2.030 millones), el incremento interanual sería del 37%.
La proyección para este año no deja de sorprender. Y, a prima facie, encuentra dos explicaciones:
El Poder Ejecutivo sólo difundió un pedido a la Legislatura para ampliar en $ 150 millones el Presupuesto vigente, con el fin de atender las mayores demandas salariales de los estatales.
Durante los primeros siete meses del año, las cuentas públicas venían desenvolviéndose con un criterio de responsabilidad en el uso del dinero público, tomando como referencia el presupuesto original. Hasta julio, sólo se había ejecutado el 56%.
Sin embargo, en el Ejecutivo incluyeron en la ejecución vigente las inversiones que, con fondos nacionales, se ejecutarán en lo que queda del año y parte de 2006. Entre ellas figuran las partidas destinadas a la construcción de los programas de viviendas y los fondos que destinarán los organismos internacionales para trabajos públicos y para la adquisición de equipamiento vial, para los municipios y las comunas rurales de la provincia.
Hasta los primeros años del nuevo siglo, la Provincia, en particular, y los tucumanos, en general, se acostumbraron a vivir en un escenario donde el déficit era moneda corriente. Con el crecimiento que experimentó la actividad económica, prácticamente desde hace tres años, la situación financiera del país y de las provincias cambió radicalmente. El gran interrogante que se planteó era saber si es que el Estado sabía vivir en tiempos de bonanza o de vacas gordas. La mayoría de los teóricos sostiene que, frente a ciclos económicos expansivos, hay que seguir la conducta fiscal del Estado, para establecer si hay inversión que cambie la imagen de un distrito cualquiera. Si eso no es comprobable, entonces se cae en el terreno del despilfarro.
En tiempos previos a un proceso eleccionario, tanto a nivel nacional como provincial, se multiplicaron los anuncios de una mayor inversión en obras para mejorar la calidad de vida de la población. El electorado espera, con cierta ansiedad, que los gobernantes cumplan las promesas de campaña.
Si hay algo que la gente espera de sus gobernantes es que sean previsibles a la hora de usar los fondos públicos. Por esa razón, ante el fuerte crecimiento del nivel de gastos, proyectado para el año que viene, es natural pensar que los habitantes de esta bendita tierra aguarden que, proporcionalmente, mejoren los niveles de atención en los hospitales; que el Estado brinde una educación abarcativa y que pueda transitar por las calles con la sensación de seguridad. Si eso comienza a vislumbrarse en 2006, entonces se justificará el aumento del gasto, cambiando ese término por inversión. De otra manera, las promesas de campaña seguirán siendo la materia pendiente de la clase política. Todo un desafío.
