La seguridad en las inversiones

El Gobierno nacional ha dado claros testimonios, en los recientes días, del problema acuciante de definir una política de inversiones a mediano y largo plazo, sin la cual la recuperación de la economía no será la requerida para el crecimiento sostenido. Mientras el presidente Kirchner señalaba la necesidad de subir dos puntos la tasa de inversión, el ministro de Economía convocaba a los hombres de negocios con mayor influencia en el exterior para integrar un Consejo Empresario Asesor, asociado con la Agencia para el Desarrollo de Inversiones. El propósito inmediato será difundir los instrumentos de que ya dispone el Gobierno para alentar la concurrencia de capitales productivos, que son numerosos, según Lavagna; pero no han tenido hasta ahora una exposición adecuada. Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, afirmaba, al mismo tiempo, en el Consejo de las Américas, que el Estado no tiene vocación de aumentar su participación en la economía, a la vez que el Gobierno "buscará inversión privada en sinergia con la pública". Si bien tales anuncios y decisiones no fueron improvisados, su simultaneidad e inmediatez no pueden dejar de observarse como una consecuencia del publicitado abandono de la empresa Suez como concesionaria mayor de Aguas Argentinas, seguido del de Aguas de Barcelona en el mismo servicio público. El caso de Suez completa una lista de ocho compañías galas, lo que motivó, inclusive, una solicitud del gobierno de Francia para que ese retiro respete los intereses de la empresa, a cargo del 40% de Aguas Argentinas, donde Aguas de Barcelona participa con el 25%.
Suez representa una de las mayores inversiones en el país, donde el área de servicios públicos es la más importante, a la vez que la más atrasada en la renegociación de los contratos y, consiguientemente, de sus proyectos y tarifas. Demorada mayormente por la falta de un nuevo régimen regulador que el Congreso no ha sancionado, a pesar de que el proyecto consiguiente le fue remitido por el Poder Ejecutivo hace poco más de un año. La ausencia de un marco regulatorio en el sector más importante de las inversiones es una de las causas más fundadas de la inseguridad jurídica con que se observan los negocios en el país para el mediano y el largo plazo. A ello se ha sumado el debate electoral, afectado por un discurso oficial que deambula sin propuestas, más agresivo que conciliador, y que posterga para después de los comicios las decisiones apropiadas. Ciertamente que el presidente Kirchner no podrá eludir la realidad que implica definir con hechos un marco político e institucional confiable para consolidar la confianza en el rumbo de la economía.
El proyecto de Presupuesto 2006, cuyas líneas fundamentales ya son públicas, contiene una referencia positiva al omitir una solicitud de nueva prórroga de la facultad conferida por el Congreso a la Jefatura del Gabinete para reasignar partidas con diferentes destinos de los dispuestos por la ley fiscal. Ello puede contribuir a la seguridad jurídica, pues supone un propósito de poner fin a la emergencia económica, si bien el debate parlamentario correspondiente, posterior a las elecciones legislativas, deberá demostrarlo. Debe tomarse conciencia de que en el sistema republicano los poderes se fortalecen con la independencia y el control recíproco determinados por las instituciones, sin cuya vigencia plena los gobiernos con origen democrático se tornan autoritarios y no confiables. Por ello, esa abstención del Poder Ejecutivo y los recientes testimonios a propósito de la política de inversiones deberían ser ya incorporados al discurso electoral oficial sin otra especulación que no sea fortalecer la confianza en el país.