Parece que las de 2006 serán vacaciones sin urnas. El gobernador José Alperovich anunció que no llamará a elecciones de constituyentes para el 15 de enero, como anunció hace 10 días, sino para febrero. En Casa de Gobierno completan que no le desagrada el primer domingo de ese mes. Pero el mandatario estaría mirando más allá.
Aparentemente, en el Ejecutivo asumieron que, sin importar la fecha, la Justicia malogrará también el próximo llamado. Dan por sentado que en Tribunales harán lugar al planteo de Rodolfo Burgos. El abogado reclama la redistribución de las bancas de legisladores (y de constituyentes, en el caso de la reforma), según el número de habitantes de cada sección electoral. Así lo manda la Carta Magna, desde hace 15 años. Y si bien ese expediente puede ser declarado abstracto ahora que no hay un decreto pautando comicios, volverá a tener vigencia apenas se fije una nueva fecha.
Ahora bien, suponiendo que la próxima convocatoria vaya a caer, el Gobierno evaluó que le viene mejor fijarla hacia febrero antes que para enero. La eventual resolución judicial no tiene fecha, pero el cronograma electoral sí.
Si establecían que la votación debía efectuarse el 15 de enero, la presentación de listas de precandidatos hubiera tenido que materializarse una semana antes de los comicios de diputados. Tempranamente, al Gobierno le agradó la idea. Calcularon que, en caso de que la oposición urdiera un gran frente contra la reforma, debería mostrar sus cartas antes del 23 de octubre. Y no se vería coherente pregonar la unidad contra reelección, mientras todos marchan separados en la elección de parlamentarios.
Pero los últimos movimientos mirandistas inquietaron al Ejecutivo. Es lógico, hoy, temerle más al desorden en el peronismo que a cualquier alineación opositora. Por ello, el oficialismo prefirió, al final, que el trámite de las postulaciones (aunque pueda tornarse inútil tras un nuevo fallo anulatorio) se cumpla en noviembre. Para entonces, el enojo de los excluidos no repercutirá en las urnas. Y si Beatriz Rojkés logra una buena elección, podría ser considerada también posible candidata a constituyente.
Lo que no debe perderse de vista es que el Gobierno concretará la nueva convocatoria, aun sabiendo que la Justicia no avalará ninguna elección de constituyentes, si antes no hay una redistribución de bancas. Y esto se debe a que Alperovich luce empecinado en "desgastar" a la Corte. Proceso que, a juzgar por lo ocurrido tras el fallo del pasado 2, ni siquiera comenzó. Ocurre que la Justicia suele desacreditarse cuando intercede de manera dudosa en favor de un gobernante, como en Tierra del Fuego, donde interrumpió la suspensión contra Mario Jorge Colazo, decidida por el Parlamento. Pero no se mella cuando frena elecciones de constituyentes por considerarlas plagadas de irregularidades. Menos aún si, coincidentemente, se afectó una reforma que sólo busca la reelección.
De hecho, hace unos pocos días la cúpula judicial concretó otro movimiento clave: el Ministerio Fiscal dictaminó que la ley 7.496 (declaró la necesidad de una reforma parcial) tiene plena vigencia. Al respaldar esa norma, no hay posibilidad de que los constituyentes puedan poner en comisión a los jueces, viejo sueño del ala más radicalizada del Gobierno.
En este contexto también debe entenderse la airada reacción del vicegobernador Fernando Juri respecto del inesperado proyecto de su primo, Fernando Juri Debo, de dictar una nueva ley de reforma. El titular de la Cámara se ocupó personalmente de pedir el voto contra esa iniciativa. Así, buscó dejar en claro a los otros poderes que no trama conspiraciones. Y mostró, hacia dentro del PJ, que considera a la reforma como parte de su proyecto político: él necesita la reelección. Ir contra ella, en esta instancia, es también ir en contra suyo.
Se va la primera mitad de setiembre. Y las idas y vueltas oficiales dejan angustias varias. ¿El Gobierno, siquiera, tiene en claro cuándo deben realizarse las elecciones? ¿Nadie, en el poder político, sabe cómo convocar una elección? ¿Van a admitirse los errores o se seguirá embistiendo instituciones al grito de "la Corte no quiere que sea gobernador"? ¿Exactamente quién va a darles una mejor Constitución a los tucumanos?
