La inversión en educación

Nunca será demasiada la insistencia sobre la importancia de dedicar los recursos necesarios para el desarrollo de la educación en una nación, sobre todo si se trata de un país como el nuestro, donde la inversión en ese sector ha sido durante décadas lamentablemente deficitaria.
La ley sobre financiamiento educativo recientemente presentada por el Gobierno nacional puede convertirse en un instrumento capaz de proporcionar los recursos para devolver al sistema educativo argentino al lugar de privilegio que -en otras épocas- le dio prestigio internacional.
Uno de los puntos que adquieren especial relevancia dentro del proyecto preparado por el equipo encabezado por el ministro Daniel Filmus es el de la creación de un sistema que obliga a las provincias a invertir en el área educativa un porcentaje de los recursos que le llegan en concepto de coparticipación federal. Esta imposición evitará que se repita lo que ocurrió cuando las escuelas nacionales fueron transferidas a las jurisdicciones provinciales, y la Nación incrementó las partidas para atender a las necesidades emergentes de esta situación; los gobiernos provinciales dieron a gran parte de esos fondos destinos que nada tenían que ver con la educación. Según el proyecto presentado, el presupuesto educativo sufrirá incrementos progresivos desde ahora y hasta 2010; el gasto total del sector deberá elevarse en 9.000 millones de pesos o en una suma total que represente el 6% del Producto Bruto Interno; la norma estipula que de estas dos opciones, deberá elegirse la que permita una mayor inversión en el sector.
Entre los propósitos que se persiguen con este considerable aumento en la asignación de recursos está la escolarización de toda la población de cinco años en todo el país; la incorporación del 50 % de los niños de tres o cuatro años al nivel inicial, y la garantía de un mínimo de escolaridad obligatoria a todos los niños argentinos. Además, y obviamente, este incremento presupuestario permitirá la recomposición salarial de los docentes y la jerarquización y profesionalización del sector.Entre los objetivos a largo plazo del proyecto, se destacan, por su importancia, la erradicación del analfabetismo y el mejoramiento de las condiciones de la enseñanza universitaria; también se pretende jerarquizar la investigación e incorporar nuevas tecnologías al sistema educativo.
Todo lo expuesto deja en claro que se trata de una iniciativa de la que dependerá en gran medida el futuro de la Argentina. Es de esperar entonces que las especulaciones políticas, tan agitadas en estos tiempos electorales, no la empantanen cuando sea tratada en el Congreso, y conviertan rápidamente el proyecto en ley. El poder Legislativo deberá también, por mandato constitucional, preocuparse de que los fondos de la coparticipación lleguen efectivamente al destino que les ha sido asignado en la redacción del proyecto.
Todos los estudios realizados en el campo de la educación muestran la íntima relación que existe entre los niveles de escolaridad de un país con el crecimiento de su producto bruto. Las investigaciones prueban que la inversión en educación, con una altísima tasa de retorno social, no sólo se hace indispensable por razones culturales, sino también por motivos económicos, y en mucha mayor medida, en países como el nuestro, que tienen por delante una ímproba tarea de reconstrucción en todas las áreas.
"El siglo XXI será cada vez más un siglo donde la educación y el conocimiento harán una diferencia fundamental, y el acceso universal a los mismos aparece como esencial para el progreso económico y la inclusión social", ha escrito Bernardo Kliksberg. El autor de "La agenda ética pendiente de América Latina" sostiene que es necesario apoyar la inversión en educación y demostrar que es realmente prioritaria en nuestras sociedades. Es de esperar que nuestra dirigencia política así lo entienda.