La gestión del gobernador José Alperovich transita casi la mitad de su mandato. A manera de balance, puede decirse que el entorno económico y financiero de la administración provincial de Gobierno fue, a todas luces, favorable. Los ingresos, nacionales y provinciales, crecieron a un ritmo vertiginoso que, incluso, permitieron amortiguar los efectos de un aumento extraordinario del rubro gastos.
La relación con el Gobierno nacional es óptima. A tal punto que el Palacio de Hacienda aceptó sentar a un representante tucumano en la mesa chica del comité ejecutivo de Responsabilidad Fiscal. Eduardo Garvich, el secretario de Hacienda, se desempeña como secretario de ese organismo federal que tiene, entre otras misiones, la facultad de establecer los premios y castigos para el comportamiento fiscal de las 19 de las 24 jurisdicciones del país que se adhirieron al régimen federal de Responsabilidad Fiscal.
En cuanto a la inyección de fondos nacionales, Tucumán también resultó beneficiada con aportes extras para la construcción de millares de viviendas. Algo parecido sucedió con otras obras públicas -por ejemplo, los nuevos tramos de la futura traza de la ruta nacional 38-, que aparecen con asistencia financiera sólo en los papeles. Un compromiso, para usar la jerga popular.
De hecho, muchas de estas inversiones públicas trascenderán el proceso eleccionario que se abrirá el 23 de octubre próximo, pero quedará la sensación de que fueron anunciadas para captar el mayor número de electores. Esto no es un patrimonio exclusivo de Tucumán, sino que es palpable también en otras provincias.
Como buen alumno, Alperovich asiste a todas las "clases electorales" que propone la Casa Rosada en su afán por consolidar el Frente para la Victoria. En efecto, por aquellas manos que le otorga la administración federal, Alperovich está obligado a devolver favores (apoyos políticos y triunfos electorales) al presidente Néstor Kirchner. Más aún, cuando la Nación no se expidió, frontalmente, sobre casos resonantes en Tucumán, como el caso de las toneladas de polenta en mal estado.
Una piedra en la autovía oficial
En el plano político, sin dudas que, aunque no vinculante, el dictamen del ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, opinando que es inconstitucional el llamado a elecciones de convencionales constituyentes, significó una piedra en el camino oficial. Alperovich abrió el paraguas, al declarar que un posible fallo en contra de las aspiraciones del Gobierno, por parte del máximo tribunal, debe ser entendido como político. Esta es una cuestión criticable, si se toma en cuenta la independencia de poderes en tiempos de democracia.
Y en esto se plantean interrogantes. ¿Podrá el Gobierno dejar de lado su ambición reeleccionista y avanzar en cuestiones de fondo para el despegue de Tucumán?¿Cómo puede incidir en la administración un revés en la Corte que demore el llamado electoral con el fin de reformar la Carta Magna de 1990?
Hasta 2007 hay comprometidos planes de viviendas que pueden contribuir a combatir el alto déficit habitacional existente en la provincia. Hacia fines de año, el Poder Ejecutivo aspira a contar con un préstamo directo de U$S 100 millones, por parte del Banco Mundial, para mejorar la infraestructura local. En el medio, está en debate las cifras del Presupuesto 2006 y su distribución por poderes del Estado. El escenario financiero, por lo que se observa, seguirá siendo favorable para atender cualquier crecimiento del gasto público en el próximo bienio. Y hasta se piensa en saldar la deuda flotante (juicios contra el Estado) con la emisión de una segunda serie de Consadep. Lo bueno sería que estas cuestiones avancen más allá del resultado electoral. Lo malo para el sistema es que las cuestiones políticas terminen condicionando a la economía de la provincia. Todo un dilema.
