La resistencia a informar

Las leyes secretas y la resistencia del Estado a informar a los ciudadanos sobre sus decisiones son dos cuestiones aparentemente distintas, pero que conforman una realidad común que afecta a la transparencia de los actos públicos, inherente al sistema republicano. Tras ambas insuficiencias de gestión se ocultan las causas del mal gobierno y, lo que es más grave, la corrupción en sus múltiples formas. Por lo pronto, la calificación de una ley como secreta implica un contrasentido, por cuanto su cumplimiento está jurídicamente condicionado por su conocimiento previo. Las resoluciones que protegen la difusión de cuestiones esenciales para la seguridad del Estado no deben, por consiguiente, ser consideradas leyes, y el control de su cumplimiento ha de ser diferente, por más que a cargo del Poder Legislativo y observando iguales pautas de reserva. Recientes escándalos sobre la asignación de sobresueldos en el Estado y otras irregularidades, fueron definidas como leyes reservadas o secretas, y la Justicia tiene ahora a su cargo las denuncias sobre excesos que demuestran la ligereza temeraria y sospechosa de esos instrumentos. En cuanto a la reticencia que el poder político mantiene frente a la necesidad de legislar sobre el acceso de los ciudadanos a la información de sus actos, corresponde señalar que se trata de un derecho constitucional, largamente ignorado por sucesivos gobiernos democráticos.
Existe en el Senado un dictamen que dispone la publicidad de las leyes secretas o reservadas, pero el mismo no ha tenido hasta el momento consideración plenaria por la Cámara, ni parece que pueda sancionarse por el Congreso antes de las elecciones legislativas del 23 de octubre. Algo parecido ocurre con la ley de acceso a la información pública, cuyo periplo parlamentario es bastante más accidentado, pues comenzó con la media sanción de la Cámara de Diputados en mayo de 2003, su revisión y reforma posterior por los senadores, y el consiguiente retorno a la cámara de origen, donde quedó detenida. La iniciativa, promovida dos años antes por la Oficina Anticorrupción y un numeroso concurso de Organizaciones No Gubernamentales, legisladores y periodistas, tuvo un azaroso debate en el que se puso de manifiesto el propósito de limitar sus alcances, mediante las reformas que impuso la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que preside la senadora Cristina de Kirchner. Este hecho, más las diferencias a que dio lugar la crisis del PJ, paralizaron el ya demorado proyecto que, con el de publicidad de las leyes reservadas, representarían un testimonio contradictorio de la recurrente promesa sobre la renovación política del país.
La escasa voluntad para transparentar la gestión pública que esas circunstancias evidencian es también el resultado de la relativa trascendencia que la mayoría parlamentaria asigna a la función del Congreso; especialmente en la Cámara de Diputados, que vive una virtual parálisis, no sólo por aquel conflicto del oficialismo, sino igualmente por el ausentismo de muchos de sus integrantes, que posponen la gestión legislativa para atender actividades electorales, antes inclusive del período proselitista establecido por el calendario electoral. Las consecuencias de ese virtual receso del Parlamento por circunstancias tan reprobables como reveladoras de un desconocimiento de la realidad nacional, además de resentir la actividad del Estado contribuyen a refirmar el disminuido criterio que los representantes del pueblo y de las provincias tienen de su misión republicana.
Especialmente cuando se trata de legislar sobre la transparencia de la gestión pública, asegurando a la sociedad su control y participación funcional en el gobierno.