La experiencia enseña que, cuando se gobierna, una cuestión es el respeto por la división de los poderes, y otra, que el Ejecutivo no tenga idea de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia. Esta parece ser una clave para comprender por qué languidece la posibilidad de que los constituyentes vayan a ser electos el 23 de octubre, junto con los diputados nacionales. Y por qué el gobernador José Alperovich sólo atina a decir que un fallo que aún no existe es "político", sin más argumentos.
Ante todo, no hay que perder de vista el fondo jurídico. Las improlijidades en la convocatoria a esos comicios son difíciles de ignorar. Los jueces que consideran inconstitucional la falta de internas para designar candidatos estarían preparando sólidos argumentos para defender su postura. Y aspiran a que esas razones se conviertan en un fallo ejemplar.
Estos magistrados, además, querrían que, cualquiera que fuese la medida, se dicte antes de la fecha en que deben presentarse los modelos de voto (es el 7 de octubre). Así, no habría perjuicio contra los partidos que, si son obligados a llamar a internas, deberían imprimir otros votos. Aparentemente, tampoco se expresarían a la manera del Ministerio Fiscal. En lugar de un pronunciamiento "positivo", que le diga al Gobierno qué debe hacer, el fallo se daría en forma "negativa". Es decir, se limitaría a objetar aspectos de la convocatoria, dejando la solución a criterio del poder político.
Frente a esta asepsia judicial, hablar de las intenciones políticas de una sentencia no dictada implica reñir con la democracia, con la nueva política y con la lógica: el hipotético fallo no sólo afectará al oficialismo. La oposición esperaba reforzar a sus postulantes al Congreso (en su mayoría, dirigentes de poca rutilancia) con candidatos a convencionales "notables". Y como "ley pareja no es rigurosa", la otra cara de la postergación reformista es que, después de octubre, el Gobierno no tendrá otra Beatriz Rojkés para oponer a Ricardo Bussi, a Esteban Jerez y demás figuras opositoras.
En cuanto al costado no jurídico de una eventual postergación de los comicios de constituyentes, en Tribunales afirman que lo que motivaría a los vocales no es la política sino la propia supervivencia. La Corte no confía en el Ejecutivo. Y no es para menos. A poco de asumir esta gestión, desde el Ministerio de Gobierno visitaron dos veces al superior tribunal, que expuso la conveniencia de preservar el Consejo Asesor de la Magistratura y la Justicia de Paz. La respuesta alperovichista fue crear un sistema para nombrar jueces "amigos". A la par, se atropelló a los jueces de paz sin título de grado, a los que se reemplazó por más abogados "amigos". Luego, que el Ministerio de Gobierno ignore lo que pasa en la Justicia, y que la Corte ignore a esa cartera, era inevitable. Sigue, ahora, la peligrosa estigmatización del Poder Judicial que ensaya el propio mandatario.
Pero la Corte no es ingenua. Y menos su presidente, Alfredo Dato. Desde la desesperación, el Ejecutivo trata de invocar al fantasma del juicio político contra los magistrados, si cae la elección de la reforma. Pero en Tribunales barajan que se favorece en la coyuntura a una Legislatura de la que el Ejecutivo seguirá necesitando para evitar que, en una interna, "elementos extraños" se cuelen en las listas. Tal vez por ello, el vicegobernador, Fernando Juri, fue el primero en decir que acatará lo que la Justicia indique.
De hecho, en las nóminas consensuadas el martes (con la ilusión de que compitan el 23 de octubre), el Gobierno eliminó todo vestigio mirandista. En los números generales, las armó casi en total paridad con el jurismo, para asegurarse su colaboración. Pero en la distribución de cargos salientes, el PE saca ventaja. Por eso, el eventual fallo de la Corte tendrá el respaldo de dirigentes como Fernando Juri Debo, quien hasta aquí aceptó ir detrás de Domingo Amaya en la capital, pero que pelearía el primer término si hay internas abiertas.
Para después restará, nada menos, acordar el nuevo texto constitucional.
De lo que resulta que no debe olvidarse el adagio oriental, según el cual, cuando hay inconvenientes con roedores, el mejor remedio es meter un ofidio en la casa. Al poco tiempo, no quedan rastros de la plaga. Pero para entonces, ya no se puede sacar a la serpiente.
