Pornografía en la red

Hemos informado acerca de los procedimientos judiciales realizados en Tucumán, con motivo de presuntos casos de pornografía por internet. Como se sabe, se han practicado detenciones, en base a denuncias hechas por la madre de una de las menores supuestamente afectadas. El caso merece, por cierto, un comentario.
La ciudadanía va asistiendo con estupor, en estos últimos tiempos, a una creciente utilización de la electrónica con fines aberrantes.
Sin entrar al específico caso que se investiga entre nosotros -y acerca de cuyas circunstancias y responsabilidades habrá de expedirse oportunamente la Justicia-, es del caso apuntar que este marca la urgencia de que la sociedad sepa protegerse, frente a situaciones como la referida.
La capacitación de la Justicia y de la Policía para encarar este tipo de delitos aparece como algo fundamental y prioritario.
Para nadie es un secreto que estamos ante nuevas formas de cometerlos. Ellas se apartan totalmente de los métodos que tradicionalmente utilizaban los malvivientes, y a los cuales estaba referida específicamente la legislación penal.
Esto es una cosa muy distinta, lo que por cierto exige otro adiestramiento. De allí que, como decimos, resulte indispensable organizar un sistema de capacitación, que permita atender, con eficacia y con eficiencia, tanto las tareas de prevención como las de investigación.
Todo esto debe correr paralelo con una gestión de las autoridades ante las empresas proveedoras del servicio de internet, a fin de que este no se convierta en vehículo de pornografía de libre acceso. Tales empresas cuentan con especialistas, que pueden auxiliar eficazmente la acción policial y judicial.
En el mismo orden de ideas, está la cuestión, nada trivial, del control de los cibers. Es sabido que, a pesar de las disposiciones vigentes, hay muchos casos en que tales negocios permiten el acceso de los menores a la pornografía, o el de los mayores a la pornografía infantil en red. Urge, por tanto, intervenir en esa temática, con providencias que trasciendan lo superficial.
Sin duda, en estos campos la legislación marcha con mucha mayor lentitud que la tecnología. Los constantes avances y novedades que esta registra, suelen tener eco tardío en la normativa legal, que de esa manera siempre aparece desajustada con la realidad. No es necesario decir que se trata de una brecha que debe cerrarse. Ello será posible solamente con una actitud alerta, por parte de los niveles correspondientes del Estado, para que la ley tenga una inmediata respuesta ante las nuevas posibilidades de delitos informáticos. En el rubro hay que incluir, también, lo que está vinculado con la telefonía celular, cuyas posibilidades no hacen sino crecer.
Es una tarea complicada, ya que exige conciliar los principios constitucionales del derecho ciudadano a la privacidad, con la necesaria regulación del Estado. Esta, dirigida a impedir la comisión de hechos que lesionan aquellos valores que la sociedad tiene el deber de resguardar, por su propia supervivencia.
Lo que decimos, está mostrando que se hace imprescindible un debate general de la comunidad. Un intercambio de ideas que sea capaz de fijar las pautas para una verdadera política de Estado en esta materia que entraña tanta sensibilidad . Inmersos como estamos en el mundo de la electrónica, tal actitud no puede seguir demorando.
Y no debe olvidarse que el problema plantea, una vez más, la acuciante necesidad de un cambio de actitud en los hogares. Hablamos del imperativo de que los padres estén enterados, por medio de una tesitura de vigilancia y control, de las actividades de sus hijos. Si esto se observara, se reducirían visiblemente muchas de las amenazas que acosan a la juventud actual.