Cuando todavía no se acallan los ecos del escándalo por las toneladas de alimento en mal estado arrojadas en una finca en Burruyacu, el manejo indiscriminado de miles de bolsones con alimentos ganó la calle. Las dos situaciones van mucho más allá de la obvia vinculación con la obtención de comida por parte del Estado de amplios sectores de la sociedad y apunta al centro de las formas y los modos del hacer de la política actual. La oscura experiencia electoral de Banda del Río Salí del pasado domingo debería servir de piso para que, precisamente, se modifiquen esas maneras de conseguir el voto.
Hasta hace pocos años, era impensable la entrega de bolsones a cambio de apoyo electoral o para participar de un acto; la militancia no era rentada y se usaba engrudo fabricado en casa para pegar los afiches. Las anécdotas de la entrega de una zapatilla a condición de dar la otra en caso de ganar, formaban parte del territorio de los relatos sorprendentes del clientelismo propio de las provincias más relegadas y autoritarias.
Hoy, en los primeros pasos del siglo XXI, la mercadería se entrega prácticamente a la vista de todos e, incluso, se puede hacer el listado de su contenido. Se sella un recibo (comprobante del voto dado) con el cual se va a retirar la comida del lugar prefijado. Se tarifa cuánto vale cada boleta doblada en el sobre, mientras que tener un taxi al servicio del candidato de turno es mucho más rentable que cumplir con las obligaciones del servicio público que representan y por el cual obtuvieron el permiso de circulación.
La afiliación es cuestión de momentos. La decepción de los radicales, confiados en rebasar holgadamente el piso básico exigido para consagrar a su candidato a intendente, Carlos Páez, es similar a la de los republicanos, sólo diferenciada porque Manuel Almeida superó el 10% de los votos de sus afiliados. Ocurre que tanto radicales como bussistas fueron a votar en la interna, pero llevados por peronistas de Darío Monteros o de Zacarías Khoder, y metieron las papeletas de algún peronista en el sobre, a veces junto a la del candidato del partido al que pertenecen en la formalidad. Allí están los 1.200 votos nulos del domingo negro.
La ley y la moral
No hay delito en entregar comida, coincidieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, y el senador nacional Ricardo Bussi, sin adentrarse en la violación de principios morales de canjearla por el voto. Mientras tanto, la Justicia investiga si hubo algún ilícito en no entregarla, como pasó con la polenta en mal estado. Entre los extremos, vive el hambre.
Mucho se ha dicho sobre la imposibilidad de terminar de un plumazo con el asistencialismo estatal en los actuales momentos de profundísima crisis social, económica y laboral de la mitad de los habitantes de la Argentina, que están por debajo de la línea de pobreza en cuanto a ingresos. El doloroso mapa de excluidos sólo es posible si se lo completa con el indignante cuadro de quienes los excluyeron.
De esa Argentina donde quien no trabajaba, no lo hacía porque no quería, se pasó a índices extremos de desocupación directa, sin computar los magros planes Jefes y Jefas de Hogar Desempleados. De una distribución de la torta de riqueza que llevó al país a ser el más equitativo del continente, se llegó a esa explosión de ciudadanos que mendigan ayuda para no morir. Lo primero que se debería cambiar es el concepto central de ese auxilio y pasar, de una dependencia sometida a las reglas del bolsón por el voto, a la atención por parte del Estado en su conjunto (no de un Gobierno determinado en particular) de ciertas obligaciones básicas para con la sociedad. Octubre está a la vista y puede ser el comienzo del cambio.
