Las moratorias

Los planes de facilidades de pagos, instrumentados para que los deudores de impuestos y de cuotas del Instituto de la Vivienda regularicen su situación, cumplieron los efectos recaudatorios buscados por el Estado, pero desnudaron algunas situaciones de desigualdad.
En efecto, el Poder Ejecutivo logró que más de 107.000 morosos declararan la voluntad de pagar cerca de $ 112 millones. Sin embargo, a los buenos contribuyentes les quedó la sensación de que no son tratados del mismo modo por el Gobierno. Nadie duda de que, después de un período de fuerte crisis económica, la situación de los tucumanos, sean estos particulares o empresarios, cambió de tal modo que hoy pueden cumplir los compromisos que antes postergaron. No obstante, los incentivos al buen comportamiento brillaron por su ausencia.
Asimismo, las prórrogas de los planes de facilidades de pagos desnudaron otras cuestiones.
Por un lado, la actitud de los deudores que esperaron hasta último momento para acogerse a los beneficios de esta suerte de moratoria, generó trastornos en la atención de los organismos públicos. El Gobierno, a su vez, también tiene su cuota de responsabilidad. Las normas que dieron origen a los planes de facilidades determinaban la posibilidad de extender el plazo para acceder al plan, lo que vulgarmente se dice otra oportunidad.
El mensaje de accionar judicialmente contra los deudores consuetudinarios generó cierta desesperación en la población. Algunos no contaban con el dinero suficiente para regularizar el pago de sus tributos; otros, en tanto, recurrieron a aquella mala costumbre de especular con las decisiones inminentes de los gobiernos de turno. Los resultados saltaron a la vista. Los morosos colmaron la capacidad operativa de la Dirección General de Rentas -el 30 de junio pasado- y luego se repitió en el Instituto de la Vivienda -el viernes último-.
Ante esto, el Gobierno decidió esperar hasta el último minuto para anunciar las prórrogas que significaron un alivio para una parte de los morosos, pero que despertaron críticas de otro sector que hizo colas durante horas, soportando el frío, para realizar los trámites de acogimiento. El Estado debería aprender de la experiencia para no volver a cometer los errores del pasado.
Mirando hacia el futuro, la Provincia tendrá una ardua tarea de reordenamiento de las situaciones impositivas de cientos de miles de contribuyentes. Los ingresos fiscales sostendrán un ritmo de crecimiento, en la medida en que cada uno de los morosos pague regularmente las cuotas de los planes a los que se adhirieron. Con aquel reordenamiento, Rentas sabrá quiénes deben y pueden pagar, y quiénes mantienen una situación económica débil. A cada uno, lo suyo, dice un axioma jurídico.
El conjunto de la sociedad está aguardando que el Gobierno, ante un escenario financiero favorable, no malgaste el dinero de los aportes impositivos, y que no se tiente a disparar el gasto público en tiempos electorales como los que vivimos. Dos aspectos fundamentales de una sana política financiera deben primar por estas horas en el pensamiento de los gobernantes. Por un lado, recuperar el terreno perdido por años de desinversión en obras públicas, fin último del dinero de los contribuyentes. Por otra parte, el Poder Ejecutivo debe propender a demostrar una conducta de transparencia para que la sociedad toda sepa cuál es el destino de los recursos que ingresan al erario.
Las moratorias o planes de facilidades deben marcar un antes y un después. Relanzar estos regímenes cada dos o tres años atenta contra los principios de seguridad jurídica. Reglas de juego claras por parte del Estado es lo que contribuye a la reconstrucción de una imagen de una provincia seria, donde gobernantes y gobernados cumplen con sus compromisos regularmente, sin necesidad de aplicar premios ni castigos.