La alarma inflacionaria

El debate sobre el incremento de los precios y sus consiguientes efectos inflacionarios es la circunstancia más preocupante que enfrenta la economía nacional. La realidad ineludible es que, conforme se dieron soluciones a las urgencias inmediatas de la crisis y se estabilizaron relativamente los ingresos, el aumento creciente de la demanda comenzó a superar a la oferta, sin que esta crezca consecuentemente por la falta de inversiones adecuadas. Se trata, en suma, de las reglas del mercado libre que la conducción económica nacional procura respetar, si bien apelando a acuerdos con sectores empresarios o demorando la reestructuración de los contratos de servicios públicos a costa de la eficiencia de ellos, precisamente también por la carencia de inversiones. Por otra parte, el gobierno debió en su momento elevar los niveles tributarios, apelando a mecanismos como las retenciones a la exportación de determinados productos o a fijar cuotas de exportaciones. Es así como un sector productivo básico para la canasta alimentaria que supere con más holgura los efectos de la crisis, es advertido inmediatamente de que debe concertar con las autoridades un acuerdo de precios o será objeto del sistema de retenciones. Puede afirmarse, pues, que si bien en el país no hay una política de control de precios -que el propio ministro de Economía acaba de rechazar como solución-, se aplican medidas puntuales que interfieren en el funcionamiento del mercado invocando situaciones de emergencia.
En los recientes días, el ministro Roberto Lavagna ha tenido dificultades en su búsqueda de acuerdos con sectores empresariales, especialmente la UIA que, con el grupo supermercadista, censuraron las iniciativas oficiales destinadas a hacer frente al problema de los precios mediante el incremento de retenciones a las exportaciones y la firma de convenios sectoriales. El titular de la UIA afirmó en ese orden que, así como el gobierno no debe intervenir en materia de salarios, tampoco debe hacerlo sobre los precios, afectando al libre comercio. La reacción de Lavagna no se hizo esperar, al manifestar que esa postura no coincidía con la expresada mediante carta personal por el mismo dirigente empresario, a quien imputó en el caso una práctica de doble discurso. "Una democracia eficiente, participativa y transparente -puntualizó el ministro- necesita de conductas y discursos claros y sin cambios, según las circunstancias". La expresión, amén del enojo por las dificultades señaladas, fue observada como una crítica a la realidad política con que la conducción económica debe desenvolverse.
Seguramente que la concepción del mercado libre que los sectores empresarios sostienen es la que corresponde a una economía libre, cuyas reglas, propias de un orden jurídico estable, rara vez tuvieron en la Argentina de los últimos 60 años vigencia plena. No dejan de ser tampoco esas reglas las del ministro, cuyos trabajos académicos las postulan. Pero también es verdad que en el país subsiste una situación de emergencia que impide que su economía transcurra con el mismo rumbo del mundo que progresa. Emergencia fundamentalmente política, que se traslada a todas las áreas del Estado perturbando a los mercados, y que el poder político llega a usufructuar en su beneficio en tiempo electoral como el presente. Mientras haya pobres -llegó a sostener el ministro con mayor poder del gabinete nacional para justificar la delegación de facultades excepcionales por el Congreso-, habrá emergencia. Con esa concepción de gobierno, la conducción de la economía debe condicionar a los mercados y, por consiguiente, al flujo de inversiones, sin las cuales la inflación seguirá ensombreciendo el futuro.