Bendita estabilidad

Por más intentos de minimizar el asunto, la inflación ya se convirtió en un problema que puede tener efectos electorales si el Gobierno no logra acuerdos para frenar la escalada de precios. Fiel a su estilo, el presidente Néstor Kirchner salió a reclamar, a los empresarios, responsabilidad social, con amenazas de control de precios y con la aplicación de multas, para evitar un posible rebrote inflacionario en un momento en que la economía atraviesa uno de los mejores ciclos.
Precisamente, sus funcionarios del Palacio de Hacienda piden al sector privado que aporte su granito de arena para conservar la estabilidad. Hasta ayer, en Buenos Aires, los mismos colaboradores del ministro Roberto Lavagna no estaban convencidos de que ejercer presión sobre los empresarios sea la mejor receta.
Lavagna vive, hoy, su momento de gloria. Su prestigio hace que se le abran innumerables puertas con el fin de llegar a acuerdos que permitan frenar la inflación. Sin embargo, las cuestiones políticas y electorales pueden colocarlo en una situación incómoda sobre su futuro en el gabinete. Hasta hace algunos meses, corrió la versión sobre su alejamiento. Se conjeturó con desdoblar el Ministerio de Economía en uno de Finanzas y en otro de Producción u Obras Públicas. En la actualidad, sus asesores descartan esa posibilidad.
Los gobernadores y los ministros provinciales siguen con atención la evolución de la continuidad de Lavagna. Es poco lo que se puede hacer, desde estas latitudes, para acompañar la gestión nacional con acciones en pos de desacelerar el ritmo del aumento de precios. La política asumida, tanto por empresarios como por funcionarios, es esperar lo que suceda en Buenos Aires. Y en ese dilema está la canasta económica de alimentos que el Gobierno quiere lanzar la próxima semana para mitigar los efectos de los incrementos en la población menos pudiente. En la Casa de Gobierno están preparando una reunión para los próximos días con los supermercadistas con el fin de solicitarles un nuevo esfuerzo. Sin embargo, los comerciantes solicitan un gesto de amor, por parte del Estado, para bajar la carga tributaria. Ante el buen pasar de las finanzas, los empresarios creen que este es el momento para revisar las alícuotas de Ingresos Brutos.
No obstante, desde el Gobierno no están dispuestos a tocar ese impuesto que significa más del 70% de la torta de recaudación anual. Algo parecido sucede a nivel nacional. La gestión de Kirchner mantiene un tipo de cambio alto del dólar respecto del peso para alentar las exportaciones, pero a la vez incrementa las retenciones al sector. Esto no tiene otra interpretación que sostener el afán recaudador para seguir haciendo caja hacia el futuro; es decir, para después del 24 de octubre. Pero el crecimiento de las exportaciones generan trastornos en el mercado interno. Y esa puede ser una de las explicaciones sobre la creciente expectativa inflacionaria que se percibe en la sociedad por el aumento de precios. Más allá de las variables económicas, en el país y en Tucumán repercuten las intestinas peleas entre el kirchnerismo y el duhaldismo. Uno y otro sector se disputan el liderazgo del Partido Justicialista. Pero es Kirchner quien tiene la mochila más pesada. Si en las elecciones del 23 de octubre logra más del 40% de adhesión electoral, habrá cumplido su objetivo. De otro modo, el partido que lo vio nacer le pasará factura. De la misma manera, en Tucumán, si se produce un revés judicial que demore la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, el alperovichismo habrá perdido la oportunidad que le brinda el apoyo desde la Casa Rosada. Y el futuro resultado electoral estará supeditado a lo que suceda en un país, postelecciones, donde se prevén ajustes tarifarios que impactarán de lleno en los bolsillos de la gente. Son los riesgos que se corren cuando la política y la economía van de la mano.