El problema de la cárcel

Hemos informado sobre los sangrientos incidentes acaecidos el martes, en la cárcel de Villa Urquiza. Como se sabe, un preso fue ultimado a puntazos, hecho que desencadenó un violento motín. Unos 150 alojados participaron del suceso: procedieron a quemar elementos y a practicar destrozos en las instalaciones. Tras cuatro horas de refriega, la Policía logró sofocar la revuelta, que dejó un saldo de doce heridos.
Los hechos de violencia eran previsibles, según advirtieron las autoridades, dada la situación de enfrentamiento de bandas que existe dentro del penal. Pero, como se advierte, no pudo evitarse el conflicto, que además mantuvo aterrorizado a todo el vecindario de los alrededores. Lo ocurrido está mostrando la dimensión que ha adquirido el problema carcelario de Tucumán y la necesidad de que su solución se instale, como una verdadera prioridad, dentro de la agenda de preocupaciones del Estado provincial.
Los requerimientos vinculados con dicha temática abarcan un amplio espectro. Pensamos que una enumeración insuficiente de ello debiera consignar, por ejemplo, la necesidad de una capacitación especial del personal que maneja a los presos; la profundización de tareas de inteligencia y de prevención, a los efectos de poder desactivar motines antes de que estallen; la urgencia de una mayor preocupación de los jueces para el seguimiento de las causas respectivas (es sabida la tensión que generan, entre los interesados, las interminables demoras que se producen en los Tribunales) y, además, por cierto, el imperativo de realizar trabajos integrales de reparación y de ampliación en ese edificio.
La Constitución nacional, en el tan conocido artículo 18, que se refiere a la seguridad de las personas y a las garantías individuales, expresa textualmente: "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas". No puede decirse que las condiciones así estipuladas sean, precisamente, una característica de nuestro establecimiento.
En efecto, el local de Villa Urquiza, construido hace ya hace casi 80 años, tiene en sus instalaciones las notas de obsolescencia inevitables que provoca el paso del tiempo y la utilización intensiva a la cual se lo somete.
Resulta entonces urgente proceder a arreglos y a ampliaciones sustanciales, junto a la conveniencia de construir un edificio nuevo y moderno. No es necesario decir que las condiciones del alojamiento tienen importancia sustancial en el desencadenamiento de los conflictos que luego se deploran. El hacinamiento, además, facilita vicios y actividades, como el tráfico de drogas. Así, el local es un punto clave dentro del asunto que nos ocupa.
Como si ese deterioro fuera poco, sucede que, además, el penal está superpoblado. Esa situación se mantiene a pesar de que, en los últimos años, se ha echado mano a cuanto espacio disponible existe para habilitar más calabozos.
A comienzos del año pasado, en una amplia nota subrayábamos que la falta de lugar creaba serias complicaciones para el alojamiento de los diversos tipos de reclusos. De acuerdo con el juicio del secretario de Derechos Humanos, los establecimientos penales de Tucumán, "así como están las cosas, son depósitos humanos".
Y bien, en esos términos está planteada la cuestión. Mientras continuemos con un penal no solamente lleno de deficiencias derivadas de la vetustez y del uso, que aloja a una cantidad de presos que excede con creces su capacidad, conflictos como el del martes habrán de seguirse produciendo.
Esto marca la urgencia de encarar el caso con realismo, y no limitarse a aplicar parches y a dejar que transcurra el tiempo.