El acceso a la información pública

La transparencia de los actos públicos es una condición esencial para la calidad del sistema republicano, pues permite que la ciudadanía disponga adecuadamente del conocimiento de la gestión de sus representantes. Por el contrario, el Estado argentino exhibe una gran tradición en la preservación del secreto y el ocultamiento de sus actos, conducta que ha sido funcional a la violación de los derechos humanos y a la corrupción. Hace más de tres años, un grupo numeroso de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y especialistas en comunicación impulsaron la sanción de un régimen legal de libre acceso a la información pública. El proyecto en cuestión tomó forma mediante la convocatoria de la Oficina Anticorrupción y, en mayo de 2003, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, girándoselo posteriormente al Senado. Pero hace más de dos años que la iniciativa continúa dando vueltas por el Congreso sin poder establecerse su suerte definitiva. La aprobación de la Cámara Baja se ajustó considerablemente al proyecto original, mas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la senadora Cristina Fernández de Kirchner, se le hicieron reformas sustanciales, después de un año y medio de espera; entre estas, la extensión del derecho a la información a la gestión privada y un desalentador trámite para acceder a la pública.
Desde el retorno en revisión a Diputados, a fines de 2004, nada se ha conocido del proyecto en revisión, ni tampoco ha trascendido si este cuerpo insistirá en su sanción original, para la cual se requieren dos tercios. En muy pocas ocasiones el Congreso tuvo a su cargo una iniciativa legislativa con tan amplio consenso de instituciones y sectores no oficiales, ni evidencias tan elocuentes en lo inmediato sobre la necesidad de convertirlo en ley. Las frecuentes denuncias sobre irregularidades relacionadas con fondos reservados, el uso de superpoderes por el gobierno y el evidente gasto público mediante campañas oficiales fuertemente proselitistas del voto oficialista son las razones más evidentes que demandan la vigencia de esa ley. No menos significativa es la presencia en el actual gobierno de numerosos funcionarios de las administraciones precedentes, imputadas de irregularidades en reiterativos discursos oficiales. Por lo demás, no debe eludirse que el acceso a la información es un derecho constitucional -Artículo 75, inciso 22- incorporado a nuestra Carta Magna a través de significativas convenciones internacionales.
Una norma como esa no debe ignorar la facultad de cualquier persona para solicitar información pública, con la excepción de cuestiones sobre defensa, seguridad o científica, pero con inclusión de las actividades privadas ejercidas en representación del Estado. Hace dos meses esas cuestiones, legisladas en más de 60 países democráticos, se consideraron en Buenos Aires en un seminario internacional del que participaron numerosas instituciones locales, así como la Oficina Anticorrupción. Las inquietudes del caso se manifestaron ante la proximidad de un año electoral que en sus tribunas se caracteriza más por las imputaciones de irregularidades que por anuncios o proyectos de futuro ante la vasta problemática del país. Año de comicios donde el Congreso vive en virtual receso y desmemoriado del tema que nos ocupa. Ese rumbo al archivo que parece seguir el proyecto en su laberinto, no se condice con las enfáticas promesas presidenciales de estar cambiando la República, pues todo lo que se haga sin transparencia institucional debe contar con un factor esencial: la confianza de la ciudadanía, asegurada por el derecho a estar informada sobre lo que hacen y cómo lo ejecutan los gestores de sus intereses.