Adiestrar a jueces

El experimentado abogado Benito Garzón tardará en olvidarse del Club de Bochas de Villa Amalia, que más parece una unidad básica del legislador justicialista Rolando "Tano" Alfaro. Allí, el jueves a la noche, la Secretaría de Gobierno organizó una charla para promover el debate sobre la reforma de la Constitución provincial. Incansable promotor de la enmienda del texto bussista desde que, como peronista, se frustró su participación en la Convención Constituyente de 1990, Garzón pronunció fatídicas palabras: "los jueces se achancharon". Peor aún, cuando un vecino preguntó para qué había que modificar la Carta Magna, sentenció: "queremos otro Poder Judicial, independiente, pero eficiente". En el Ejecutivo, con tono justificante, aseguran que no dijo otro, sino un (Poder). El remedio semántico que sugieren resulta, como siempre en estos casos, peor que el resbalón. Aun cuando hipotéticamente tuvieran razón, el cambio de un adjetivo (otro) por un artículo (un) no salva las dudas que deja el inquietante "pero" que Garzón antepuso al reclamar eficiencia a los jueces. De hecho, aseveró que los magistrados que tienen sus despachos al día son una rara excepción en Tribunales. Además, aunque habló de que la Justicia debe ser independiente, se quejó de que no haya mecanismos para que sus miembros "se adiestren". Siempre quedará la duda de si realmente quiso decir "se capaciten" o de si era consciente de la carga manipuladora que tiene el verbo adiestrar, que, entre otras cosas, quiere decir instruir y amaestrar.
Aunque Garzón aclaró que opinaba como abogado en ejercicio, él asesora a la Fiscalía de Estado, que forma parte del Poder Ejecutivo, cuyo proyecto reformista -además- impulsa; de hecho, en el propio gobierno de José Alperovich reconocen que el profesional no oculta sus intenciones de ser candidato a convencional por la sección oeste y de que es un eterno teórico del peronismo en cuestiones constitucionales (es profesor de la UNT). Por ende, en la Corte Suprema, algunos leyeron sus definiciones como una críptica advertencia -dirigida desde el corazón del PE- de lo que podría sucederle a la Justicia en caso de que se celebrara una Asamblea Constituyente. Mejor dicho: de lo que podría pasarles a los vocales del alto tribunal si hicieran lugar a alguno de los tantos planteos que existen contra el llamado a elección de convencionales efectuado por el oficialismo. El lunes, primer día hábil tras la feria judicial, Garzón anduvo por el segundo piso de los Tribunales para aclarar que él no había dicho lo que sí dijo. Los hombres del Ejecutivo niegan que haya hablado en nombre de ellos, pero en voz baja reconocen que no piensan muy diferente.
Al otro día del traspié de Garzón, Sergio Díaz Ricci pronunció en Tafí del Valle otra frase igualmente poco cauta, en una mesa panel en la que había otros dos pregoneros de la reforma, Eduardo Stordeur (también había acompañado a Garzón) y el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau. "La reelección de las autoridades es un punto insignificante ante los grandes temas que son necesarios debatir en el afán de imponer una Constitución que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población", afirmó. Aunque es profesor de Derecho Constitucional de la UNT, también es vocal del Tribunal de Cuentas (TC), nada menos que el órgano supuestamente encargado de controlar los actos del Poder Ejecutivo, a quien (léase Alperovich) desvive conseguir la insignificante reelección. En un debate en el que también hubieran estado opositores al proyecto del oficialismo, sus palabras habrían tenido tono catedrático, pero, junto a hombres que abrazan la iniciativa del PE, rayan con la publicidad. Y es cuando surge la duda de si en el caso no entra en juego el artículo 109 de la Constitución, aplicable a los jueces, pero también a los miembros del TC, que prohíbe a los funcionarios judiciales intervenir activamente en política, firmar programas, exposiciones, etcétera, de carácter político, para no comprometer la imparcialidad de sus funciones.