Ahora, la demanda

El reclamo de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la UNT por el caso de Rosarito, una niña desnutrida de la que el Estado se hizo cargo tras un recurso de amparo, es un claro ejemplo de lo que los teóricos sociales definen hoy como una "revolución de la demanda". Esto es, que la sociedad civil ha asumido un rol protagónico; y que si antes esperaba y recibía lo que se le ofrecía "desde la política", ahora ha tomado la iniciativa y ha salido a reclamar en función de sus necesidades, como recordó, de paso por Tucumán, el abogado Enrique Zuleta Puceiro.
El experto, que estuvo en esta provincia invitado por LA GACETA, señalaba que esa revolución ha puesto en jaque al sistema político tradicional, que siempre ha operado "en función de la oferta". Y es evidente que esa revolución de la demanda crece a expensas de un Estado que, cuando puede, se hace el distraído, sobre todo en áreas como las de la salud o la previsión social. El PAMI, con su sistema de cápitas, o el Subsidio de Salud, con la cupificación de muchas de sus prestaciones (consultas, diagnóstico por imágenes, entre otros constatados) obligan cada vez más al "ciudadano/beneficiario/afiliado" a embarcarse en reclamos individuales y burocráticos, que en muchos casos derivan, como pasó con Rosarito, en recursos de amparo para recordarle al Estado -o a los prestadores privados- cuáles son sus obligaciones contractuales.
Los abogados que obligaron al Estado a hacerse cargo de Rosarito contraatacaron: alegaron que la niña dejó de recibir el soporte al que estaba accediendo hasta ahora. Las autoridades provinciales dicen que no han incumplido en el planteo primero de la Clínica Jurídica. Pero, el "caso Rosarito" es la punta de lanza para las tantas Rosaritos que desde hace décadas sobreviven como pueden en la Argentina. Los médicos "de trinchera", aquellos que día a día batallan en los Centros de Atención Primaria (Caps) de barrios de alta vulnerabilidad de Tucumán, afirman que fijar la atención en Rosarito es perder la perspectiva del drama global de la pobreza, y de años de una cultura basada en la enfermedad, y no en la salud entendida como un proceso psicosocial. En todo caso, es ineludible poner el foco en las acciones que se están ejecutando en Tucumán para combatir la pobreza. Precisamente, acaba de salir a la luz una auditoría de la Nación sobre la compra de más de 300.000 módulos alimentarios que distribuye la Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia, y en la cual se señala que se habrían pagado sobreprecios por algunos productos. Las autoridades dicen que el producto señalado es la leche fortificada por kilo para desnutridos, que no existe en góndolas.
Desde allí se dijo también que son tiempos electorales, y que resulta sintomático que uno de los abogados que impulsa la demanda del caso Rosarito sea el mismo que hizo un planteo judicial en contra de la Reforma de la Constitución. Pero la auditoría de la Nación (que es preliminar) existió. Y lo que resta en todo caso es "aclararle los tantos" a una comunidad sensibilizada por irregularidades o negligencia en el manejo del dinero destinado a políticas sociales, al que la opinión pública asocia en forma matemática con clientelismo político. Y ese es el tema. Como dijo Zuleta Puceiro, el único modo de canalizar los cientos o miles de demandas fragmentadas siguen siendo las instituciones. ¿Cómo hacer entonces para zanjar el divorcio entre la sociedad civil y la política en una Argentina en la cual esta última está bajo permanente estado de sospecha? Una respuesta posible es generar mecanismos de transparencia como la demorada sanción en Tucumán de la Ley de Acceso a la Información Pública, una herramienta que ayudará al ciudadano a enterarse acerca de los actos de sus representantes