Las tierras fiscales

Hace unas semanas, la denuncia de usurpaciones de tierras en la zona de El Cadillal instaló, en la opinión pública, el problema del destino de los predios fiscales, en esa zona y en otras de la provincia. Digamos de entrada que resulta saludable que así ocurra. Se trata de bienes que integran el patrimonio del Estado provincial y, por lo tanto, todo lo que ocurra con ellos es algo de sumo interés para la ciudadanía, que aspira a ser informada en profundidad.
Como lo hemos dicho otras veces, asombra el desorden que parece reinar en esa materia; desorden que llevaría a pensar que el Estado no sabe realmente con qué bienes cuenta. No puede conjeturarse otra cosa, cuando se advierte la tranquilidad con la cual los particulares avanzan sobre esas propiedades.
Sin duda que este no es, de manera alguna, un tema menor, y el Gobierno tiene la obligación de enfocar resueltamente su atención sobre él. A primera vista, suena a necesario contar con un inventario completo de tales bienes, que abarque todo el territorio: sería el paso inicial para establecer la situación actual de cada predio, y poder tomar, con fundamento, las medidas que resulten pertinentes.
Entretanto, preocupan ciertas actitudes con respecto a esas tierras, y resultaría conveniente definirse sobre ellas. Tenemos, por ejemplo, la situación del parque Teodoro Meyer, en El Cadillal. Como se sabe, dentro de esa área se ha concedido espacio a un gremio, que allí se propone construir, y en estos momentos se anuncian estudios sobre el impacto ambiental que tendría tal construcción.
Nos parece que el tema está mal enfocado. Si el Parque Meyer es una reserva natural, tal carácter veda las construcciones dentro de su ámbito, según resulta obvio. Esto quiere decir que el Estado no debió haber hecho concesiones a nadie en ese punto; y que, por tanto, si desea beneficiar a un gremio, tiene que modificar la localización y destinarle otro espacio, fuera del parque. De otro modo, llegaríamos a la conclusión de que la declaración de "reserva" es meramente lírica, ya que en cualquier momento se pueden allí construir edificios, lo que constituye una flagrante contradicción. Pensamos que por ese lado debe encararse este específico tema.
Otro punto que merece comentario son las apreciaciones de un edil de Tafí del Valle sobre las supuestas usurpaciones en terrenos fiscales de La Quebradita. El principio que debe sostenerse -mientras exista el derecho de propiedad en la Constitución- es que la usurpación no puede ser jamás vehículo para adquirir la posesión, ni la propiedad. No puede admitirse de manera alguna que los veraneantes se apoderen de terrenos fiscales, como tampoco puede aceptarse que lo hagan los lugareños, aunque el concejal quiera mostrarse comprensivo respecto de estos últimos.
Pensamos que si la Municipalidad tafinista o el Gobierno quieren atender las situaciones de lugareños, deben hacerlo por medio de las vías legales. Esto es, precisar los terrenos fiscales de que se trata, y otorgarlos mediante los instrumentos de ley; o adquirirlos de los particulares -propietarios o veraneantes-, satisfaciendo el correspondiente precio. No puede admitirse otro camino, ya que, repetimos, el derecho de propiedad es algo vigente dentro de nuestro sistema jurídico.En suma, el interés público despertado por las usurpaciones debe servir para que se establezca la realidad del patrimonio territorial del fisco y para que se haga cumplir la ley, que debe regir, en toda circunstancia, en relación con temas tan delicados como son la tenencia, la posesión y la propiedad de tierras.