La función de la prensa libre

Repetidamente y conforme se intensifica el proceso electoral, el Presidente de la Nación reúne en el Salón Blanco de la Casa Rosada a gobernadores e intendentes, o bien viaja a distintos lugares del país, para anunciar inversiones. Muy rara es la ocasión en que durante esos actos el jefe del Estado no incluya en sus discursos severas alusiones a la oposición y a otros sectores que define como corporaciones, exhortando a la vez a sus auditorios para que acompañen a los candidatos oficialistas. De tanto en tanto esas manifestaciones del presidente Néstor Kirchner apuntan con severidad al periodismo, como ha ocurrido recientemente al imputarle "esquizofrenia" e "histerismo" por las críticas que, a su juicio, perturban la gobernabilidad. Esa vinculación del mensaje presidencial entre el periodismo crítico y el pasado perturbador de los intereses del país -del que no escapa su propio partido- es generalmente la temática del rechazo que el jefe del Gobierno practica a sus relaciones con la prensa, nunca convocada al diálogo y con la que se comunica por intermediarios. Tal modalidad trasciende al círculo de colaboradores inmediatos de Kirchner y genera, por consiguiente, un espacio informativo vacío que suelen ocupar las versiones y especulaciones de un amarillismo periodístico igualmente reprobable.
En la democracia, la función de la prensa libre no perturba la gobernabilidad. Por lo contrario, la facilita al mantener la comunicación de la sociedad con quienes la representan en la gestión de los poderes públicos. Es por ello que las constituciones -como la nuestra, en su artículo 32- impiden que se la reglamente o se establezca sobre ella jurisdicción alguna. Pero la libertad de prensa implica, a su vez, no solamente la de informar, sino también la del acceso a las fuentes de información, como el deber de ejercerla con responsabilidad. No es una novedad que en la democracia exista un periodismo comprometido con alguna de las partes del diálogo público, pero no por ello debe descalificarse el valor de la prensa libre, cuya protección constitucional se funda en el amparo de la crítica sin otra limitación que la ética con que debe ejercérsela. Tal realidad debería impedir que el Presidente enderece sus descalificaciones, haciendo vagas salvedades que, más que transparentar, oscurecen sus criterios sobre la libertad de opinión. Esa actitud del doctor Kirchner es muy diferente de la que sus antecesores, desde la restauración constitucional, mantuvieron con el periodismo en general, debiendo señalarse que, al menos en ello, el pasado no fue peor.
En la última ocasión, el Presidente se ha preocupado con ingenua sorna sobre si debería dejar de gobernar hasta después de los comicios para no ser acusado de proselitismo, tratando de responder así, al reproche que reciben esos actos donde los anuncios de inversiones con fondos públicos se practican sin ambigüedades mediante vibrantes convocatorias al apoyo en las urnas. En las mismas oportunidades el discurso presidencial sirve para ventilar los aspectos más controvertidos de la crisis que afecta al partido oficialista, inclusive alentando una división que no debiera ser parte de las preocupaciones del Gobierno, en voz de quien lo encabeza. Todo ello con un marco oficial donde los dineros públicos constituyen el señuelo de las convocatorias y cuyos controles por el Congreso se han atribuido virtualmente a la Jefatura del Gabinete, al autorizarla para redistribuirlos como requiera. En el abuso de esa excepcional delegación se basan esos actos casi cotidianos que el periodismo libre no puede acompañar con el silencio, sin traicionar ese derecho fundamental de la ciudadanía democrática a estar informada.