El precio del cospel

El aumento del precio del cospel, de 80 centavos a $ 1, en los ómnibus que prestan el servicio urbano de transporte de pasajeros se ha desarrollado en un trámite de ribetes singulares. Como se sabe, el viernes último, la bancada oficialista del Concejo Deliberante aprobó el incremento, y el lunes a primera hora lo promulgó el intendente. De inmediato, la medida fue objetada ante la Justicia por el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que afirmó que el proyecto respectivo no pasó por esa comisión, además de cuestionar las características del estudio de costos en el cual se basó el aumento.
El edil descalificó ese estudio dado que, afirmó, se hizo en base a referencias proporcionadas por las empresas y no a partir de una investigación directa del problema, que -dijo- podría haber llevado a conclusiones distintas.Como si fuera poco, se evidenció el desentendimiento entre la Municipalidad y la comercializadora de cospeles, Trapasa. Esta anunció que los cospeles se cambiaban del dorado al metalizado para evitar especulaciones; pero al día siguiente, el intendente resolvió mantener el cospel dorado. Esto generó caos para la gente. Entretanto, en muchos ómnibus los choferes recibieron dinero (1 peso) a pesar de que les está prohibido hacerlo. Cabe agregar que Trapasa tiene hace tiempo la concesión vencida, pero no se llama a licitación.
Todo el proceso resulta francamente cuestionable, desde el comienzo. Una medida de tanto impacto en la ciudadanía como es el precio del viaje en ómnibus, no puede aprobarse y promulgarse a alta velocidad, pasando por encima de recaudos como la opinión de la comisión respectiva del cuerpo deliberante, y utilizando como base un estudio pasible de cuestionamientos. Tampoco puede existir una falta de coordinación como la que hubo sobre el tipo de cospel que se utilizará, ni que la comercializadora diga una cosa y el intendente, otra. Menos aún se puede permitir que se termine cobrando en efectivo a los pasajeros, en contra de la ordenanza que rige ese punto. Los controles municipales, además, brillan por su ausencia en esta cuestión.
No se cuestiona el estado de necesidad de las empresas en lo que hace al aumento de costos y a los problemas que tienen las concesionarias para enfrentar la dura realidad tucumana. Asimismo, son innegables los baches económicos que les genera el mal controlado transporte ilegal.
Pero nos parece que en este caso no se muestra el respeto que merecen los pasos legales previos a la aprobación de las normas municipales. Esto suscita, en los usuarios, una previsible desconfianza acerca de la transparencia que debe existir en el asunto, situación que tendría que haberse evitado a todo trance.
En muchas ocasiones, hemos insistido en la necesidad de que el poder público respete la ley. Es decir, el imperativo de que las decisiones del Estado se adopten con sujeción estricta al marco que reglamenta su adopción. Si esto debe funcionar en todos los casos, resulta más necesario en medidas como las que nos ocupa, por su incidencia en el presupuesto de las personas. La legitimidad de las normas se apoya en el cumplimiento de los pasos legales, y su inobservancia las empaña irremediablemente.
Creemos que toda esta cuestión ha sido mal encarrilada, y por ello genera rispideces y ha dejado un tendal de descontentos el aumento, pese a las argumentaciones empresariales. Puesto que no parece probable una revisión de lo decidido, lo único que cabe esperar es que se brinden a la ciudadanía las explicaciones correspondientes. Y que en adelante se tome la decisión de respetar las normas para tomar decisiones, y no se la orille, como ha ocurrido ahora.