Preocupante rumbo de las urnas

La severa confrontación interna del Partido Justicialista para la selección de candidatos a las elecciones legislativas de octubre en la provincia de Buenos Aires, ha desbordado los límites del más poderoso distrito electoral y amenaza con un conflicto político sin precedentes desde la restauración constitucional. Existen sobradas razones para sostener que, o bien se trata de un conflicto que pone en alto riesgo de división al partido oficialista, o de una acción destinada a lograr una hegemonía parlamentaria, mediante la concurrencia a los comicios con un partido paralelo al PJ con el fin de obtener las tres bancas -mayoría y minoría- en la Cámara de Senadores. Esa situación se ha planteado en otros distritos, pero en el bonaerense se halla el núcleo tradicional del poder partidario oficialista, encabezado por Eduardo Duhalde, que enfrenta la firme irrupción hegemonista del presidente Kirchner, líderes excluyentes de la mayor fuerza política nacional. Cualquiera de las dos razones que esté provocando ese conflicto, lo cierto es que ambas evidencian el alto grado de deterioro con que se desenvuelven nuestras relaciones políticas, manipuladas mediante negociaciones ocultas entre las altas cumbres del poder y el uso incontrolado de recursos fiscales. Tal es esa realidad, que no es fácil distinguir entre genuinos actos de gobierno y aquellos otros con notorio perfil proselitista; como tampoco lo es el hecho de que esa confrontación interna no haya impedido la unanimidad oficialista con que el Congreso delega facultades sin precedentes en el Poder Ejecutivo Nacional.
La posibilidad de que el PJ obtenga en algunos distritos mediante un partido paralelo, la totalidad de las bancas para senadores y una proporción mayor de diputaciones, es factible mediante la ambigua redacción del artículo 54 de la Constitución reformada en 1994, y el decreto presidencial 535 de mayo último. El primero incorporó un tercer senador por distrito, previsto por el Pacto de Olivos para asegurar una representación adecuada de la oposición, pero su texto expresa que será el que siga a los del partido más votado, sin precisar otra condición. El espíritu de los constituyentes fue en ese caso asegurar una minoría opositora, mas no quedó claro para impedir que, como en la actual situación, pueda tratarse de un partido paralelo al oficialista. Por su parte, el decreto en cuestión observa una clara relación con ese texto constitucional, al habilitar las candidaturas de partidos sin reconocimiento legal, con la única condición de tenerlo en trámite. La decisión presidencial de marras implica un acto vedado al Poder Ejecutivo, como es la prohibición constitucional de dictar normas sobre cuestiones electorales o de régimen de los partidos políticos, tal cual dispone el artículo 99, inciso 3°, a propósito de los decretos de necesidad y urgencia.
Los tortuosos senderos políticos que están precediendo a las próximas elecciones conllevan por lo demás una pugna muy poco edificante para la transparencia republicana; es la que protagonizan las esposas de esos caudillos máximos que, más allá de sus condiciones políticas personales, aportan a la crisis del partido oficialista un desdoroso rasgo de nepotismo. La política nacional, cautiva de una larga reticencia a la reforma que repetidamente prometen e incumplen, ha llegado finalmente a un estado de indiferencia ciudadana que acaso esté augurando un nuevo desenlace crítico. Especialmente por la paradojal circunstancia de que la reforma constitucional de hace una década, en lugar de reducir el poder presidencialista como se propuso, lo fue consolidando con un creciente personalismo donde el Estado se confunde con el partido y este funciona como aparato de los caudillos.