Oscuro precio del poder

BUENOS AIRES.- Es muy probable que el propósito oficialista de obtener los tres senadores nacionales -mayoría y minoría- en la provincia de Buenos Aires y en dos o tres distritos más, se convierta en un escándalo político con escasos precedentes desde la restauración institucional. Ese es el temor fundado que más agobia a la oposición, y que tiene su clave en la relación del artículo 54 de la Constitución con el decreto presidencial 535, que permite inscribir candidatos sin disponer de personería jurídica partidaria, con la única condición de hallarse esta en trámite. Distintos dirigentes opositores, en conjunto o por separado, pretenden impedir esa maniobra, pero es difícil que lo logren, por causa de la complejidad de una discusión judicial semejante. En primer lugar, el artículo 54 tuvo una redacción poco precisa por los reformadores de 1994, pues en él no se establece que el tercer senador será de un partido opositor al que obtenga los dos primeros, sino que se alude simplemente al que le siga en número de votos. Ese artículo constitucional fue una consecuencia del Pacto de Olivos, que elevó a tres las senadurías por distrito a pedido de la UCR, que había visto muy negro su porvenir parlamentario tras la anterior elección legislativa. En el debate de los constituyentes reformadores hubo quienes exigieron mayor precisión, pero la mayoría del PJ logró imponer la más ambigua. Por lo demás, y una década después de la reforma, el decreto 535 de mayo último puede ser cuestionado, pues los temas que tienen que ver con reformas del sistema electoral o de partidos están vedados para el Presidente por concreta definición constitucional (Art. 99, inciso 3°.)

Permiso de traición
Al momento de dictarse ese decreto había en todo el país 546 trámites sobre reconocimiento de nuevos partidos políticos, entre ellos algunos paralelos al Partido Justicialista que, como en el caso particular de La Rioja, dispuso permitir a sus afiliados -por única vez- ser candidatos de otras agrupaciones, sin merecer por ello sanción alguna. No ocurre lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde el consejo justicialista, dominado por el duhaldismo, anunció que sancionará a quienes concurran con diferente sigla partidaria. Por cierto que la doble afiliación está vedada por el régimen legal. Ninguno de los detalles consignados hasta aquí a propósito de la conflictiva interna oficialista suele formar parte del ruido que el debate está generando. Sus referencias permiten apreciar cuán sucias se encuentran las relaciones políticas desde hace mucho tiempo, y la forma con que la interna del justicialismo se ha convertido en una lucha por el poder público, excluyente de cualquier otra alternativa que no pase por sus filas (De nuestra Sucursal)