05 Julio 2005 Seguir en 
La prórroga del plan de facilidades de pago de deudas impositivas no sólo desnudó cierta imprevisibilidad del Gobierno a la hora de definir la extensión del plazo, sino también situaciones internas que, por ahora, quedaron guardadas en la congeladora oficial.
El régimen estuvo a punto de caer el propio 30 de junio. Con $ 55 millones, la recaudación obtenida por la Dirección de Rentas había derribado todos los pronósticos y, por eso, el titular de esa área, Pablo Clavarino, sugirió al gobernador José Alperovich cortar por lo sano: no dar prórroga. Días antes del vencimiento del plan, en el Gobierno ya se hablaba de otra oportunidad para los incumplidores. Eso desalentó a muchos grandes contribuyentes a esperar más tiempo para pagar sus deudas pero, a la vez, despertó la ira de los morosos que, bajo la lluvia, haciendo largas colas y renegando por la lentitud en la realización de los trámites, denunciaban que el Estado no trataba bajo las mismas condiciones a los que abonan deudas con sus ahorros de otros que sí podían hacerlo pero que especularon con la prórroga.
Las consecuencias de esta situación saltaron el mismo jueves. Rentas no daba abasto para atender a los cientos de morosos que invadieron la repartición, y la gestión de Alperovich pagaba un innecesario costo político porque, enardecidos, los pequeños deudores gritaban que el Gobierno, más que un aliado y un facilitador de condiciones, agredía la voluntad de aquellos que querían cumplir con el fisco. Los comentarios, inclusive, tenían tintes políticos.
"Ahora me piden que pague y después me pedirán que los vote. Si me tratan así, es posible que en las elecciones le demos la espalda al Gobierno", dijo un ofuscado contribuyente mientras otros asentían con señas. Tras los airados reclamos del jueves en la city tucumana, el gobernador anunció la bendita prórroga. Luego de la tensión ciudadana, vino la calma, por lo menos hasta dentro de dos semanas. Sin embargo, esa puja por dar o evitar la prórroga alentó, aún más, las diferencias entre un Clavarino que no quería más plazo y un ministro de Economía (Jorge Jiménez) que ya tenía listo el decreto que establece la ampliación del plazo hasta el viernes 15, una posibilidad contemplada en la Ley 7.543.
En la conferencia de prensa de la semana pasada, Alperovich agradeció la voluntad de miles de pequeños contribuyentes que fueron a pagar sus impuestos. Habló de que la recaudación sirve para pagar la deuda interna que el Estado tiene con los tucumanos. Esta engloba a aquellas obras que deben llegar al vecino que abona sus tributos. Sin embargo, la sensación de los contribuyentes es otra; por ejemplo, señalan que no hay una adecuada iluminación en la zona donde reside o que las calles no están en condiciones de transitabilidad. La mayoría quiere saber hacia dónde va el dinero que se recauda.
La indignación popular se acentuó cuando los concejales capitalinos decidieron, el viernes, incrementar el precio del cospel de $ 0,80 a $ 1. Un día antes, el propio Alperovich -que reajustó los salarios estatales- escuchaba a los ediles del PJ que votaron favorablemente la polémica decisión. A los estatales les quedó la sensación de que el poder adquisitivo de su salario sigue cayendo más allá de los aumentos.A los empresarios del transporte de pasajeros les asiste el derecho de peticionar por un aumento del precio del boleto, debido a la suba de los costos operativos para sostener la actividad. Pero también les cabe la obligación de mejorar el servicio, muy cuestionado por los usuarios que se quejan cotidianamente por problemas en las frecuencias o en el estado de las unidades.
En definitiva, los tucumanos sólo piden que el Estado los escuche antes de tomar decisiones apresuradas y que el Gobierno no sólo les pida opinión sobre la reforma constitucional que, aunque es fundamental su debate, debería esperar tiempos más calmos, sin estar condicionada por el año electoral.
El régimen estuvo a punto de caer el propio 30 de junio. Con $ 55 millones, la recaudación obtenida por la Dirección de Rentas había derribado todos los pronósticos y, por eso, el titular de esa área, Pablo Clavarino, sugirió al gobernador José Alperovich cortar por lo sano: no dar prórroga. Días antes del vencimiento del plan, en el Gobierno ya se hablaba de otra oportunidad para los incumplidores. Eso desalentó a muchos grandes contribuyentes a esperar más tiempo para pagar sus deudas pero, a la vez, despertó la ira de los morosos que, bajo la lluvia, haciendo largas colas y renegando por la lentitud en la realización de los trámites, denunciaban que el Estado no trataba bajo las mismas condiciones a los que abonan deudas con sus ahorros de otros que sí podían hacerlo pero que especularon con la prórroga.
Las consecuencias de esta situación saltaron el mismo jueves. Rentas no daba abasto para atender a los cientos de morosos que invadieron la repartición, y la gestión de Alperovich pagaba un innecesario costo político porque, enardecidos, los pequeños deudores gritaban que el Gobierno, más que un aliado y un facilitador de condiciones, agredía la voluntad de aquellos que querían cumplir con el fisco. Los comentarios, inclusive, tenían tintes políticos.
"Ahora me piden que pague y después me pedirán que los vote. Si me tratan así, es posible que en las elecciones le demos la espalda al Gobierno", dijo un ofuscado contribuyente mientras otros asentían con señas. Tras los airados reclamos del jueves en la city tucumana, el gobernador anunció la bendita prórroga. Luego de la tensión ciudadana, vino la calma, por lo menos hasta dentro de dos semanas. Sin embargo, esa puja por dar o evitar la prórroga alentó, aún más, las diferencias entre un Clavarino que no quería más plazo y un ministro de Economía (Jorge Jiménez) que ya tenía listo el decreto que establece la ampliación del plazo hasta el viernes 15, una posibilidad contemplada en la Ley 7.543.
En la conferencia de prensa de la semana pasada, Alperovich agradeció la voluntad de miles de pequeños contribuyentes que fueron a pagar sus impuestos. Habló de que la recaudación sirve para pagar la deuda interna que el Estado tiene con los tucumanos. Esta engloba a aquellas obras que deben llegar al vecino que abona sus tributos. Sin embargo, la sensación de los contribuyentes es otra; por ejemplo, señalan que no hay una adecuada iluminación en la zona donde reside o que las calles no están en condiciones de transitabilidad. La mayoría quiere saber hacia dónde va el dinero que se recauda.
La indignación popular se acentuó cuando los concejales capitalinos decidieron, el viernes, incrementar el precio del cospel de $ 0,80 a $ 1. Un día antes, el propio Alperovich -que reajustó los salarios estatales- escuchaba a los ediles del PJ que votaron favorablemente la polémica decisión. A los estatales les quedó la sensación de que el poder adquisitivo de su salario sigue cayendo más allá de los aumentos.A los empresarios del transporte de pasajeros les asiste el derecho de peticionar por un aumento del precio del boleto, debido a la suba de los costos operativos para sostener la actividad. Pero también les cabe la obligación de mejorar el servicio, muy cuestionado por los usuarios que se quejan cotidianamente por problemas en las frecuencias o en el estado de las unidades.
En definitiva, los tucumanos sólo piden que el Estado los escuche antes de tomar decisiones apresuradas y que el Gobierno no sólo les pida opinión sobre la reforma constitucional que, aunque es fundamental su debate, debería esperar tiempos más calmos, sin estar condicionada por el año electoral.
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