El pasado que nos agobia

Si bien era prevista desde hace meses, -y hasta públicamente presionada por el presidente Néstor Kirchner- la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por la Corte Suprema se ha suscitado un intenso debate acerca de su razonabilidad jurídica, a la vez que inquietantes expectativas sobre las recurrencias unilaterales al pasado más inquietante de los argentinos.
No es tanto el primer caso el que deba sorprender a una sociedad acostumbrada a las contradicciones de su vida pública, como la posibilidad de ser una vez más testigo y parte de un drama que nuevamente abandona la historia, convocado por el oportunismo político. En cuanto a los reproches jurídicos, variados y consistentes, que el rigor académico puede hacer a los jueces que apoyaron la decisión, probablemente el más grave no lo sea tanto como el hecho de que también la Corte optó por reconocer repetidamente en decisiones precedentes la constitucionalidad que ahora desconoce. Ello implica un hecho más de discontinuidad en la institución y, por consiguiente, otra señal de inseguridad jurídica pero, como se ha dicho, no es ese el problema que oculta en estos momentos importantes urgencias del país.
Seguramente quien con mayor experiencia en el tema ha podido ubicarlo y advertir sobre sus alternativas ha sido el ex presidente Raúl Alfonsín, por su protagonismo original y la indiscutible militancia democrática que se le reconoce. A Alfonsín se lo asocia mayormente desde algunas trincheras políticas como autor de esas leyes de amnistía, mas no con la misma recurrencia al hecho del juicio a las juntas militares que puso fin al control político ejercido por las Fuerzas Armadas desde 1930, que permitió recrear el espíritu democrático en la sociedad. Sus opiniones en esta ocasión han celebrado el fallo de la Corte en su valor político, a la vez que fundando las decisiones que lo llevaron a impulsar esas leyes sancionadas por amplia mayoría del Congreso, ante las notorias amenazas contra la frágil democracia de aquellos días. Pero el problema, señala el ex presidente, "sufre aún de una evidente renquera", al permanecer incólume una decena de decretos de indultos del ex presidente Carlos Menem, que benefician a 289 militares y a 65 civiles acusados de subversión o guerrilla que por esa situación no podrán ser juzgados nuevamente.
La opinión de Alfonsín no termina ahí, pues entra en lo sustancial de una preocupación compartida sobre los condicionamientos del pasado, cuando recorre los numerosos ejemplos internacionales de regímenes de amnistía u olvido, que han permitido a pueblos muy diversos y conflictuados construir futuros comunes de los que, aun tan lejos, los odios de la política sectaria siguen colocando al nuestro.
El turno de los indultos, en el que diversos jueces y la Sala II de la Cámara Federal porteña, como la nacional de Casación Penal, se definieron por la anulación o la consideran actualmente, ha encontrado tan remiso al poder político, como comprometido en el caso de las leyes de perdón. Posición que echa sombras de parcialidad, tan impropias de un gobierno democrático para todos como las convocatorias a la confrontación que algunos de sus más calificados integrantes no reparan en alentar recurriendo a lo peor del pasado como razón para el futuro.
Deberá ser finalmente la Corte Suprema de Justicia la que resuelva el problema de esa renquera; pero mientras perdure el empeño ciego de eludir el diálogo para alcanzar los necesarios pactos de convivencia, el pasado más negativo seguirá consumiendo las esperanzas de recuperar la paz de los espíritus y nuestra dignidad republicana.